Tras casi tres años de haber permanecido preso en Estados Unidos, el exgobernador de Chihuahua (2010-2016) César Duarte Jáquez fue extraditado a México para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos; ambos, agravados.
Un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) se trasladó por él a Miami, Florida, y lo trajo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde, después de cuatro horas de exámenes médicos y diligencias, fue entregado a la fiscalía de Chihuahua, que le cumplimentó la orden de aprehensión girada por el juez de Control del Distrito Judicial Morelos en octubre de 2019 por dichos delitos.
Duarte Jáquez, quien lucía delgado y portaba una playera blanca, pants y tenis, fue trasladado vía aérea a la capital chihuahuense y posteriormente ingresado al Centro de Rehabilitación Social Estatal Número 1 de Aquiles Serdán. Autoridades ministeriales confían en que hoy se lleve a cabo la audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que puso al exmandatario a disposición de las autoridades ministeriales de Chihuahua, conforme a sus facultades y atribuciones.
“A dicha persona se le acusa de que, presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014”, indicó.
De acuerdo con la acusación, por lo que una jueza de Miami concedió la extradición del imputado, Duarte Jáquez habría desviado más de 200 millones de pesos a campañas del PRI y al menos 6 millones de dólares a dos empresas vinculadas con él: Unión Ganadera Regional General División del Norte Chihuahua y Financiera de la División del Norte.
En marzo de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) archivó la averiguación previa que llevaba a cabo contra Duarte Jáquez por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no existen indicios probatorios en su contra.
La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) determinó que en su indagatoria no encontró elementos que acrediten que el exgobernador adquirió 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua por un monto de 65 millones de pesos.
Fuente: El universal
