La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, señaló que hasta el momento no se ha identificado la aplicación de un uso excesivo de la fuerza y una acción contra la libertad de expresión, en la detención de tres mujeres del colectivo Okupa, quienes el lunes fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y quienes fueron desalojadas en una orden de cateo con la que se recuperó el edifico de la CNDH en República de Cuba.
Luego de que el sábado pasado familiares de una de las imputadas presentara una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos, Nashieli Ramírez dijo que esta ingresó a la cuarta visitaduría, quienes continúan con su valoración e integración para saber si se abre o no investigación mayor.
En entrevista, la ombudsperson explicó que, a pesar de que la fiscalía capitalina precisó que no se violentaron las garantías de las imputadas, la CDHCM les solicitó información para realizar un análisis previo a la presentación ante un juez de control.
Señaló que tras la determinación de un juez de control de vincularlas a proceso, el organismo se ve imposibilitado a intervenir en el proceso judicial.
“Solicitamos a la fiscalía que nos dieran información al respecto de las actuaciones ministeriales y que se gestionara básicamente que el personal médico examinará y valorará el estado de salud de las detenidas, medidas de protección para su datos personales. Eso se solicitó desde el 16 de abril, es decir, desde el mismo día que se presentó la queja”, dijo.
Enfatizó que la CNDH investiga el momento previo a la detención, pues, no sólo el presunto uso de la fuerza forma parte de la queja interpuesta, sino la sobreexposición de los rostros de las tres imputadas a través de una cuenta de redes sociales.
“Se investiga esto de que se hizo público sus datos personales y sus fotos, sobre todo en Twitter, otra vez por un periodista que le dieron información, otra vez filtración de información, eso fue en la misma noche y eso es lo que investigamos, porque ya está judicializado”, comentó.
La presidenta de la CNDH refirió que se debe separar bien el derecho a la protesta con la garantía de las persona al libre tránsito, para poder hacer una valoración al respecto, pues considero que este tema corresponde a asegurar el derecho de una persona que fue agredida.
Fuente: El Universal
