El despacho de abogados Hilliard & Shadowen LLP cobrará un millón de dólares anuales al Gobierno de México para que lo defienda y represente en la denuncia interpuesta en tribunales de Estados Unidos en contra de 11 fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas.
“En el acuerdo que se ejecutará el 1 de enero de 2022, el gobierno de México y la Hilliard & Shadowen acordaron que los honorarios generales de la firma no excederán un millón de dólares por año”, dice Steve Shadowen, socio fundador de Hilliard & Shadowen LLP en una carta enviada a Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, Texas.
La firma estadounidense no cobrará honorarios ni gastos al Gobierno de México, a pesar de que ayudaron en las fases de documentación y construcción del expediente para interponer la denuncia ante un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, dice el documento en poder de Forbes México.
El gobierno y los abogados estadounidenses reconocen que la etapa de defensa continuará después de la expiración del acuerdo, que contempló la fase de preparación e interponer la denuncia en contra de los 11 fabricantes de armas.
Ambas partes acuerdan ejecutar un nuevo acuerdo de defensa el 1 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, el cual permanecerá vigente hasta el litigio en relación con la denuncia descrita.
El Gobierno de México acordó pagar a la firma las tarifas por sus servicios a la mitad de las tarifas por hora.
Las tarifas de los abogados Shadow y Brunell oscilan entre 950 dólares y mil dólares por hora, por lo que cobrarán entre 475 dólares y 500 dólares por hora por el tiempo de los defensores.
Las tarifas por hora estándar de los abogados junior oscilan entre 300 dólares y 500 dólares, por lo que cobrarán al gobierno entre 150 dólares a 275 dólares por hora.
Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Glock Ges.m.b.H, Sturm,Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms son acusadas de que sus armas están en manos de cárteles generando violencia en México.
Según el argumento central del litigio presentado el 4 de agosto de 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las empresas demandadas son conscientes de que sus armas comercializadas son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.
Los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma, expone la denuncia de la SRE.
Marcelo Ebrard, titular de la SRE, señaló que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. El monto de la exigencia será determinado en el juicio ante un tribunal federal de Massachusetts.
Fuente: Forbes
