Tras haberse revelado que el sistema Pegasus habría sido empleado en México para espiar en 15 mil teléfonos de periodistas, activistas y políticos, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que puedan tener equipos de software para intervenir comunicaciones resguardar toda la información relacionada con la contratación de Pegasus y otros semejantes.
La institución informó ayer que, derivado de una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió el exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, realizó una serie de diligencias y cateos periciales, en los que la periodista Carmen Aristegui participó como testigo.
Como parte de las diligencias, la FGR reveló que realizó un cateo en las instalaciones de la empresa KBH TRACK, propiedad del israelita Uri Emmanuel “A” y administrada por Víctor “R”, la cual fue utilizada por la firma israelí NSO Group, dueña del software Pegasus, para el espionaje telefónico para diversos solicitantes que todavía no han sido identificados.
“Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable”, sentenció.
La Fiscalía General de la República presumió que, en dicho procedimiento, la periodista Carmen Aristegui aportó a un testigo al que calificó de “fundamental”, quien habría proporcionado los datos necesarios para establecer que NSO Group usaba a la operadora mexicana KBH TRACK, de la cual obtuvo un disco duro en el que se demuestra plenamente que realizaba el espionaje telefónico para solicitantes que aún no se encuentran identificados plenamente para efectos judiciales.
En el caso del extitular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, la FGR señaló que su teléfono fue intervenido y se grabaron sus conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas.
En ese sentido, la Fiscalía General de la República refirió que se está a la espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización.
Fuente: El Universal
