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Congreso local aprueba interrupción legal del embarazo

Sam Ojeda | NV Noticias 

Xalapa. – En medio de un cerco de activistas pro vida y pro aborto, los diputados del Congreso local en Veracruz aprobaron por mayoría la reforma al Código Penal de Veracruz en materia de aborto que permite la interrupción legal del embarazo  

La sesión, planeada para las 5 de la tarde fue adelantada de último momento para las 11 de la mañana, lo que causó molestia entre algunos los diputados que afirmaron se trató de un “albazo” para aprobar la iniciativa.  

Tras apenas 40 minutos de discusión, los diputados votaron 25 a favor, 13 en contra y una abstención, a favor del dictamen que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la doceava semana de gestación.  

Con ello, Veracruz se convierte en el cuarto estado en el país en permitir la ILE hasta las 12 semanas de gestación. 

A puerta cerrada, la mayoría de Morena avaló el dictamen que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y deroga el artículo 152, todos del Código Penal para el Estado. 

La diputada de Morena, Mónica Robles Barajas, defendió el dictamen y afirmó que la despenalización del aborto es compatible con los mandamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Resaltó que la reforma al Código Penal no es inconstitucional, pues la carta magna establece que el Estado garantiza la vida desde la concepción de la vida hasta la muerte natural, “salvo las excepciones previstas en las leyes” según el artículo 4. 

“Nuestro marco constitucional prevé que pueda haber excepciones; no dice que sólo las que ya existían, no dice que no pueda haber nuevas excepciones, por lo tanto, no estamos contraviniendo nuestra constitución, pero más allá de eso la Suprema Corte ha declarado constitucional en diversos momentos y ha declarado también que es posible que coincidan, tanto la protección de la vida desde la concepción con el Derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y el Derecho que tienen a su salud sexual, emocional y física”, dijo. 

El diputado Gonzalo Guízar Valladares criticó esta iniciativa y aseguró que no busca ser progresista como afirman, y aseguró que en lugares en donde esto ya es ley se aumentaron los abortos porque se usan como “métodos anticonceptivos”.  

Por su parte, la diputada panista, Montserrat Ortega Ruiz, afirmó que antes de reformar el Código Penal era necesario modificar la Constitución, y el coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda Romero, afirmó su partido defenderá la libertad de las mujeres, pero también de aquellos que no han nacido y están desarrollándose en el vientre de su madre. 

Hay que recordar que la reforma señala que a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, una vez transcurridas las primeras doce semanas de gestación, se le impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas integrales de salud, con respeto a sus derechos humanos.  

“A la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento, en los términos del párrafo anterior, se le impondrán de quince días a dos meses de prisión o de cincuenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de hasta setenta y cinco días de salario. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado”, señala el documento.  

El delito de aborto forzado se aplicará a quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación. En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos por el presente Código. A quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrán prisión de tres a diez años y multa de hasta cien días de salario.  

“Si se empleare la violencia física o moral, las sanciones serán de seis a quince años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario. Finalmente, el artículo 153 detalla que, si el aborto forzado fuese causado por un médico, partero o enfermero, además de las sanciones que les correspondan serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión”.  

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