Jesús Utrilla / NV Noticias
Veracruz.- La reforma al Código Penal de Veracruz que incluye el delito de ultrajes a la autoridad, rompe el equilibrio constitucional, pues es desproporcionada.
El ex presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, dijo que se trata de una notoria falta de técnica legislativa, pues la redacción es genérica y da lugar a ambigüedades para aplicar la ley en casos distintos.
Confió en que los legisladores entren en razón y aunque hayan tenido mala intención corrijan, porque ponen en riesgo a la sociedad.
Conforme a la ley el ciudadano podría cometer en todo momento el ultraje a la autoridad.
Ante ello el 33 por ciento de los integrantes de la legislatura local y la comisionada estatal de Derechos Humanos podrían promover la acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise y la eche atrás.
Además los ciudadanos podrían promover un juicio de amparo.
Recordó que el 11 de marzo se publicó el Decreto 848 que modifica y reforma distintos artículos del Código Penal Vigente en el Estado de Veracruz.
Modificaron artículos relacionados al delito de extorsión.
Se crearon delitos como contra las instituciones de la seguridad pública y contra la seguridad de las comunidades.
Estos últimos son aceptables a pesar de la falta de precisión en algunos conceptos.
Lo cuestionable es lo relativo al artículo 371 que establece pena de 7 a 15 años de prisión para quienes agredan o amenacen a cualquiera relacionado con la seguridad pública.
“El legislador se equivocó porque el problema del artículo es que se le olvidó incluir en la reforma que cuando una persona comete un delito se configura el delito en contra de la seguridad pública. Por falta de una expresión hoy si una persona es detenida por Tránsito y un persona lo graba y le dice te vas a arrepentir de lo que están haciendo, esas expresiones subjetivas traen como consecuencia que la persona combata ultrajes a la autoridad”.
Si en la redacción de una nota surge un concepto de agresión puede ser castigada como ultraje a la autoridad.
Finalmente dijo que en San Lázaro hay más de 50 de proyectos de iniciativa, entre ellos la Ley de Amparo con lo que actos del presidente no serán sujetos a que el juez otorgue la suspensión.
