El pleno del Congreso de la CDMX, aprobó por unanimidad la llamada “Ley Ingrid”, la cual busca proteger los derechos de víctimas, en especial de mujeres. Esta ley castigará a quien difunda imágenes o información de víctimas de delitos hasta con 8 años de cárcel, inhabilitación de 10 años y multa de 500 mil Unidades de Medida y Actualización (equivalente a 44 millones 400 mil pesos).
El presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Congreso de la CDMX, Eduardo Santillán Pérez, destacó la importancia de la reforma al Código Penal capitalino, al que se le adiciona el artículo 293 quáter, como propusieron diputadas locales del PAN, Morena y PRD, además de la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos.
En dicho dictamen, quedó asentado que la iniciativa surgió de los hechos ocurridos la noche del 8 de febrero del 2020, como consecuencia del feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos de su pareja sentimental.
“La brutalidad con la que el delito fue cometido indignó a la población, puesto que los feminicidios han aumentado 137 % en los últimos cinco años, haciendo de nuestro país un lugar inseguro para las mujeres, niñas y adolescentes”, establecieron los integrantes de dicha Comisión.
“La filtración de fotos e imágenes del cuerpo desmembrado de Ingrid fue el resultado de un incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de los servidores públicos que atendieron el caso, lo que generó una masiva difusión”, destacaron lamentablemente.
Santillán Pérez, señaló que esto provocó que realizaran un llamado colectivo a las instituciones como a la sociedad:
“A dejar de cosificar y revictimizar a las mujeres, tanto que su vida, su muerte, o la violencia a la que históricamente han estado sometidas”, destacó.
Ante esta situación, cuestionaron la efectividad de las autoridades para realizar una investigación con perspectiva de género, buscando se garantice justicia.
“La filtración de las imágenes del cuerpo de Ingrid, es producto de una cultura violencia institucional, ejemplificada en una grave falta de responsabilidad en la debida diligencia durante las investigaciones, revictimizando así, no sólo a Ingrid, sino a muchas mujeres que han sufrido estas faltas”, señalaron los diputados.
De allí que la difusión de fotos, videos o cualquier contenido que muestre datos personales o haga alusión a algún hecho relacionados con la averiguación e investigación, que vulnere los derechos y la dignidad de las víctimas, según los parámetros del acceso a la información, es considerada como información reservada, por lo que su divulgación debe estar resguardada por las autoridades que dirigen el caso.
Foto: Facebook Congreso CDMX
