Por lo menos desde mediados de los años 80’s y finales de la década pasada, el sector privado nacional y extranjero ha jugado un papel central en los relativos progresos que el país ha registrado durante este lapso. Hoy es el principal generador de empleo, el mayor aportante al Producto Interno Bruto, es el responsable de exportar manufacturas por casi 400 mil millones de dólares anuales y el contribuyente más alto al gasto del gobierno por la vía de los impuestos que paga.
En suma, el verdadero motor de la economía, del empleo, de los ingresos, son las industrias, los comercios, las loncherías, las tienditas, los prestadores de servicios, o sea, el sector privado. Todo esto, sin embargo, está cambiando en estos años y, de no modificarse las circunstancias políticas, puede convertirse en una verdadera historia de terror.
El actual gobierno federal se ha propuesto regresar al viejo modelo del Estado propietario, ineficiente e intervencionista que fue el principal causante de las crisis recurrentes que México padeció en las décadas de los años 70’s y 80’s del siglo pasado, por consecuencia, se ha trazado como meta destruir a los empresarios y comerciantes, ahuyentar la inversión foránea, violar los contratos y nulificar el funcionamiento de un verdadero estado de derecho, y son las condiciones mínimas que, en un sentido inverso, cualquier negocio o emprendedor exige para operar.
Las pretensiones de controlar precios, por ejemplo, en varios mercados, cancelar discrecionalmente inversiones como la de Constellation Brands en Baja California, impulsar expropiaciones selectivas como está sucediendo ahora mismo en el sector de energías limpias y más baratas, son señales ominosas en contra del sector privado y, peor aún, del sentido común con el que cualquier país medianamente serio actúa en la economía, en el gobierno y en la Ley. Y todo ello en medio de una caída en la economía del 8 y medio anual como fue en 2020.
Los mexicanos, y esto incluye activamente a los empresarios y a los comerciantes de Aguascalientes, tendrán en junio la oportunidad de mover el marcador derrotando a los responsables de esta crisis: el presidente y sus partidos; para emparejar la cancha, reestablecer el sistema de contrapesos, evitar reformas legales y constitucionales que son lascivas para el país y, en síntesis, reconducir a México hacia el crecimiento, el bienestar y la inclusión sobre bases sostenibles.
En este contexto, las encuestas que se conocen hasta ahora parecen sugerir que en Aguascalientes la competencia sigue calzada por el PAN, y a suficiente distancia de más de 15 puntos porcentuales aparece el partido del presidente que resentirá el castigo por el fracaso en el manejo de la pandemia y la crisis en la estrategia de vacunación, por la grave contracción económica y por los millones de pesos perdidos.
Y el hecho de que sea precisamente en Aguascalientes donde el nivel de aprobación del presidente es el más bajo del país, el resto de los partidos bonsái, como el de Elba Esther Gordillo o el del SNTE, que son exactamente lo mismo, no parece que vayan a pintar en la elección y, de hecho, los votos que levanten, van a ser votos desperdiciados porque no tienen oportunidad de ganar.
Finalmente, y esto es lo más importante, la pregunta clave es qué partido tiene la capacidad de mantener y mejorar objetivamente las condiciones institucionales, políticas, económicas y de seguridad que han hecho de Aguascalientes un razonable caso de éxito en el escenario nacional.
Los próximos meses serán decisivos porque, del resultado, no solo puede mejorar o empeorar su posición relativa ante los embates de la federación, sino que también de ello dependerá la fortaleza con que el liderazgo político estatal pueda conducir la transición en las elecciones del año 2022.
Lo único que no es opción, ni para el sector privado ni para la sociedad en su conjunto, es dejar de participar e influir activamente en un proceso que es responsabilidad de todos.
Otto Granados
