En tan solo un día, María de los Ángeles pasó de pagar 500 pesos a 4 mil por el uso de energía eléctrica, cifra que no correspondía al consumo de las tres personas que con ella viven. Desde entonces se ha visto envuelta en amenazas de corte de luz, convenios sin solución y en el activismo como única opción a los llamados “recibos locos”.
Su vida ha pasado por un laberinto burocrático, no ha podido pagar ningún recibo o tener alguna solución de instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con quienes acudió a levantar la queja. 30 días hábiles para la resolución y no la atendieron.
Como ella, usuarios domésticos de energía eléctrica desde la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), pertenecientes a zonas como Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, se han visto sujetos a saldos impagables y procesos sin resolución concreta de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Profeco.
A partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón, se agudiza el problema de los llamados “recibos locos”. Entre sus causas se presume la estimación de lecturas, manipulación de medidores y el cambio de voltaje por líneas de distribución, lo que ha suscitado inconformidad a usuarios por lo que consideran abusos como es el cambio de medidores, cobro anticipado del servicio y corte de luz durante la pandemia.
El único acuerdo que se ha llegado es el respeto a todo usuario que levante su queja a Profeco, estipulando en que no se le cobraría servicio eléctrico al levantar su queja con la entidad, lo que ha amparado a usuarios de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Protección al Consumidor.
“A pesar de anexar recibos y formatos nos dicen que la dirección no es correcta, que no es la persona indicada o no se especifica motivo de inconformidad, es la respuesta que se da”, comenta uno de los afectados.
Resultado de la problemática de personas como María de los Ángeles, nace lo que hoy se conoce como la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUUE), “12 años de exigir desde la desaparición de Luz y Fuerza en 2009”, cuenta Juan Carlos Escalante, Coordinador Nacional de la ANNUE a MILENIO, quienes han enarbolado entre consignas la tarifa social, borrón y cuenta nueva, contrato con el usuario y el derecho humano a la electricidad.
“A la Profeco nosotros acudimos por los altos cobros, la ley le impone dar certeza jurídica a la relación proveedor- consumidor; con las telecomunicaciones que son servicios continuos debe haber previamente una solicitud de servicios para determinar tu consumo y establecer el tipo de tarifa, la ley establece que requieren un contrato, pero no lo dan. Nunca hemos construido un contrato como Tabasco, quienes son los únicos regulados y que al mismo tiempo establecieron una tarifa doméstica”, demanda Carlos Escalante.
A pesar de haber entablado mesas de diálogo con distintas dependencias como Secretaría de Gobernación (Segob) y CFE, la problemática que atañe a los usuarios solo ha podido concretar la condonación de adeudos, pero sin tarifas a lo largo de 12 años.
“Creo que como usuarios nos deben prestar la atención; tener tiempo para escucharnos; apoyar a las personas que estamos en esta situación, nos deben escuchar para tener una solución”, sentenció María en medio del murmullo de compañeros de la ANUEE quienes tras una jornada en busca de alguna respuesta a las afueras de Profeco en Edomex, se van de la misma con respuestas que ya conocen; respuestas de “siempre”.
Fuente: Milenio
