Karime Macías Tubilla, ex esposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó una solicitud de asilo político al gobierno del Reino Unido, de la cual espera tener respuesta mientras se define si procede su extradición a México.
Ayer, se realizó la audiencia final del proceso de extradición en ese país. La resolución se dictará el próximo 17 de febrero, la que es apelable para ambas partes, informó su abogado Marco Antonio del Toro.
El litigante aseguró que durante el proceso, la Fiscalía de Justicia del Estado de Veracruz mintió abiertamente a las autoridades inglesas y recordó que Karime Macías es la única persona imputada de fraude específico con motivo de erogaciones del DIF en 2011 en favor de seis empresas.
“De manera absurda no se acusa a ningún miembro de esas seis empresas; tampoco a ningún otro miembro del Patronato del DIF ni acaso a funcionario alguno. Sólo a Karime Macías que no era servidor público ni tenía relación con contratos del DIF”, señaló.
El abogado indicó que la orden de aprehensión se libró por Alma Aleida Sosa Jiménez, jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, “la juez predilecta” del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, quien dictó órdenes de aprehensión en cuando menos 12 asuntos distintos, entre ellos el de Karime Macías, “con clara connotación política”.
El mandamiento judicial contra la ex esposa de Javier Duarte es por su probable responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos, en agravio del estado de Veracruz.
Del Toro agregó que la orden de aprehensión se basa fundamentalmente en la declaración rendida por Juan Antonio Nemi Dib, misma que se acreditó “le fue arrancada con violencia y de la cual ya se retractó”. Todo ello, habiendo incluso intervenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “El señor Nemi incluso declaró en Inglaterra sobre la declaración que le obligaron firmar en Veracruz”, apuntó.
Audiencia privada y secreta
En la solicitud de extradición por parte de México, se asentó que el delito prescribiría en junio de 2020.
“Sin embargo, ahora se sabe que en 2019 se llevó a cabo una audiencia privada y secreta a petición de la Fiscalía de Veracruz en la que ilegalmente se interrumpió la prescripción. Todo para así informarlo a las autoridades inglesas y evitar que se negara por prescripción la solicitud de extradición”, enfatizó el abogado.
Dijo que legalmente no se puede interrumpir la prescripción después de que haya transcurrido una tercera parte del plazo de ésta, según los artículos 117 y 118 del Código Penal de Veracruz.
Fuente: Milenio
