Jesús Utrilla / NV Noticias
Multas de hasta 7 millones de pesos podrían enfrentar quienes incumplan las nuevas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que los sectores considerados como actividades vulnerables deberán comenzar desde este año a prepararse para cumplir con los nuevos mecanismos de revisión y control, señaló Mario Herrera Téllez, abogado fiscal y especialista en prevención de lavado de dinero.
El exdelegado de la Procuraduria de Defensa del Contribuyente (Prodecon) explicó que las nuevas reglas representan una modificación importante en la forma de cumplir con la legislación, particularmente con la incorporación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), que obliga a los sujetos regulados a identificar y evaluar los riesgos relacionados con sus operaciones, clientes, usuarios y los mecanismos mediante los cuales realizan sus actividades.
Recordó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue reformada desde julio de 2025, mientras que las nuevas reglas fueron publicadas el 7 de agosto de 2026 y recientemente se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación los nuevos formatos para realizar altas y presentar avisos. Con ello, quedó establecido el nuevo esquema para cumplir con las obligaciones.
Anteriormente el cumplimiento era principalmente documental, identificar a los clientes o usuarios, registrarse en el portal correspondiente, presentar avisos cuando fuera necesario y conservar la documentación. Ahora, los sujetos obligados deberán desarrollar una metodología para determinar los niveles de riesgo y contar con mecanismos automatizados que permitan detectar posibles operaciones que representen una alerta.
Herrera Téllez advirtió que este proceso también implica mayores costos para los contribuyentes, debido a que deberán implementar sistemas y procedimientos de control. Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentra el sector inmobiliario, además de quienes comercializan arte, relojes y metales preciosos, mientras que sectores como el financiero, notarios, corredores públicos y agentes aduanales ya cuentan con esquemas de cumplimiento en esta materia.
Las sanciones son de las más elevadas dentro del ámbito administrativo, pues las multas pueden comenzar alrededor de los 23 mil pesos y alcanzar hasta 7 millones de pesos, dependiendo de la infracción cometida. Por ello, llamó a quienes desarrollan actividades vulnerables a verificar si están sujetos a la legislación y, en caso de ser así, comenzar cuanto antes con su regularización y preparación.
