Edgard González Suárez
El comité contra la Desaparición forzada (CED) dependiente de la ONU, pero sin representación diplomática, es decir, dicho comité lo conforman 10 juristas expertos en la materia, tomó la decisión de mantener a México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, es decir, bajo la sospecha fundada -según datos recabados por la comisión- de que en México desde hace más de 15 años hay una política deliberada, sistemática y generalizada de desaparición forzosa de personas.
El dictamen formal anual del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU sobre la crisis en México se presentó el martes 20 de octubre de 2026 ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York por su presidente, Juan Pablo Albánestablece (Ecuatoriano). Y establece:
- La existencia de “Patrones Geográficos” recurrentes. Si bien los datos prexisten desde 2014 la alerta se activó por, según dice el dictamen, los patrones de desaparición activa y reciente en estados de alta presencia criminal y flujos de migrantes en tránsito a otros países. Particularmente en estados como Jalisco, Nayarit y Veracruz. El dictamen asegura que hay un incremento critico de niñas, adolescentes y mujeres de 12 años en adelante, vinculadas a dinámicas criminales específicas.
- La participación de personal y/o funcionarios del estado en complicidad con organizaciones delictivas. El Comité aportó evidencias de que las organizaciones delictivas operan bajo la complicidad, colaboración o, como mínimo, la tolerancia pasiva de servidores públicos a nivel municipal, estatal y federal.
- El estado rebasado para dar respuestas. En México se vive una Crisis Forense: Hay más de 72,000 restos humanos y cuerpos sin identificar en fosas comunes y morgues del país funciona como prueba técnica e irrefutable de que el aparato estatal es incapaz de resolver el problema.
Posibles consecuencias del informe y dictamen:
- Una pésima evaluación internacional al estar a punto de que la crisis de desaparecidos llegue a ser catalogada como crímenes de “lesa humanidad”.
- La asamblea de la ONU tendría la posibilidad de demandar la comparecencia de funcionarios de Estado para responder a cuestionamientos de expertos y personal independiente.
- Presiones diplomáticas para responder y doblegar la voluntad del estado para responder por esos crímenes.
- México siempre se ha defendido en foros internacionales de este tipo de acusaciones y en esta ocasión no solo podría enfrentarse a la comisión sino eventualmente a la Asamblea General de la ONU.
Que postura mantiene México frente a esta ofensiva internacional.
-Los funcionarios del país han rechazado categóricamente que haya una política de exterminio deliberada, sistemática y generalizada por parte del Estado. Ni consciente, ni participa, ni tolera la desaparición de personas en nuestro país.
-La desaparición forzada de personas en México es una práctica exclusiva de las organizaciones criminales, si bien hay participaciones muy localizadas de funcionarios de nivel local (policías y/o alcaldes), esto no acredita la participación de los funcionarios del Estado en esas prácticas y mucho menos como una política del Estado.
-La cancillería acuso al comité de la ONU de tendencioso en su metodología y por no haber aceptado los informes de los funcionarios del estado.
México presentó sus propios datos duros ante la Asamblea:
-Destacó el fortalecimiento institucional mediante la Comisión Nacional de Búsqueda y fiscalías especializadas.
-Reportó qué gracias a la Estrategia Nacional de Búsqueda, tan solo durante el año en curso, se ha logrado la localización de más de 16,000 personas, la gran mayoría de ellas con vida.
–México consideró que el dictamen y resolución tiene fuertes motivaciones políticas internas y externas, se considera parte de una estrategia política desestabilizadora del régimen en medio de un proceso electoral en curso, México defiende el dialogo multilateral confía en la cooperación rigurosa, respetuosa y transparente, y no en señalamientos punitivos que estigmaticen de forma internacional el desempeño del gobierno mexicano.
No imposible, pero será difícil que dicho informe llegue a la Asamblea General de la ONU, ya que las fuerzas de la ultraderecha han diseñado su estrategia para intervenir en México y seguro este documento y acciones forman parte de ella.
