En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han detenido a 31 personas con distintos perfiles relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, de acuerdo con el nuevo informe del caso presentado por autoridades federales.
Entre las aprehensiones destacan la de un militar –que se suma a los 16 que ya habían sido arrestados y vinculados a proceso en la pasada administración federal–, nueve ex policías municipales y siete ex servidores públicos, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Asimismo, Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, capturada el 14 de mayo de 2025 en Chilpancingo, y Blanca Estrada, ex visitadora de esa institución judicial. Ambas bajo proceso y quienes hoy colaboran con la Fiscalía General de la República (FGR).
De octubre de 2024 a septiembre de 2026, como parte de las nuevas indagatorias del caso también se capturó a ocho presuntos integrantes o cómplices de grupos delictivos, dos empresarios y cuatro personas civiles.
Resalta la detención de Rodolfo Rueda, propietario de la funeraria El Ángel, y tres miembros de su familia.
Durante la presentación de los “avances” de la investigación efectuada ayer en la sede de la Secretaría de Gobernación, se informó que a la fecha, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la FGR, actualmente a cargo del fiscal Mauricio Pazarán, mantiene 162 expedientes abiertos (60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales).
Además, 168 personas están bajo proceso judicial por su presunta responsabilidad en los crímenes; de ese total, 130 están en la cárcel y 38 cuentan con medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
Respecto a las extradiciones, el fiscal y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detallaron que en el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, prófugo en Israel, la presidenta Sheinbaum dirigió una carta –en mayo de 2025– a su homólogo de esa nación, Isaac Herzog, quien respondió, también por escrito, que “al igual que en México, su país cuenta con un sistema judicial independiente que atiende los casos con base en el debido proceso y la transparencia”.
Expuso que “su gobierno no tiene injerencia en la resolución de los tribunales”, que está al tanto del asunto y que existen procedimientos legales en curso que “toman tiempo por circunstancias de seguridad”.
En cuanto al ex juez de barandilla de Iguala José Ulises Bernabé, asilado en Estados Unidos, los funcionarios destacaron que su extradición es una línea de investigación prioritaria que debe agotarse, “por lo que su seguimiento se mantiene al más alto nivel”.
Medina recordó que durante la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, en septiembre de 2025, la jefa del Ejecutivo abordó directamente el tema y solicitó su intervención para encontrar una salida que lleve a que el ex funcionario local comparezca ante las autoridades mexicanas.
Fuente: La Jornada
