Con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención, los diputados locales aprobaron la modificación al artículo 78 de la Constitución Política del Estado para quitar el fuero a alcaldes, síndicos e integrantes de los Concejos Municipales. Los diputados de oposición advirtieron que al quitar el fuero se elimina un recurso constitucional para garantizar la alternancia y la diversidad política.
Con la reforma, las autoridades municipales dejarán de formar parte del grupo de servidores públicos que requieren una declaración o juicio de procedencia de parte de los diputados locales, para enfrentar un proceso penal durante el ejercicio de su cargo.
Actualmente, el artículo 78 establece un procedimiento mediante el cual el Congreso debe determinar si procede retirar esta protección antes de que pueda iniciarse un proceso penal contra determinadas autoridades.
La modificación aprobada retira a las autoridades municipales de ese listado, por lo que ya no será necesario que el Poder Legislativo autorice previamente que se proceda penalmente en su contra.
El dictamen establece que eliminar la inmunidad procesal no significa que una denuncia penal implique automáticamente la separación del cargo. Las autoridades municipales conservarán sus derechos, incluido el debido proceso y la presunción de inocencia.
La reforma también distingue entre la autonomía constitucional de los municipios y la protección procesal de quienes ocupan cargos municipales.
De acuerdo con el dictamen, la modificación toma como referencia reformas realizadas en otras entidades, entre ellas Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Yucatán, donde las autoridades municipales no tiene fuero.
El decreto contempla además un plazo de 60 días naturales para que el Congreso realice las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias una vez que la reforma entre en vigor.
La iniciativa fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle García el pasado 14 de septiembre y se aprobó y dictaminó en un plazo de 11 días. La gobernadora justificó la propuesta en que los alcaldes Raúl González Martínez de Ixhuatlán del Sureste y Bertín Bravo Montero de Úrsulo Galván, ambos de MC, están prófugos de la ley.
