Jesús Utrilla / NV Noticias
La propuesta de crear un padrón estatal de periodistas debe analizarse con cautela y construirse de manera conjunta con el gremio, debido al riesgo de que el gobierno termine determinando quién puede ser considerado periodista y quién no, advirtió Carlos Domínguez, integrante del equipo legal de Propuesta Cívica.
Consideró que, antes de establecer un registro sobre quiénes ejercen el periodismo, las autoridades deberían contar con un registro nacional de agresiones contra periodistas que permita conocer con precisión cuántos han sido asesinados, desaparecidos, amenazados o víctimas de otro tipo de violencia.
Explicó que esta información permitiría a las fiscalías y autoridades de seguridad diseñar estrategias focalizadas de prevención y protección, especialmente porque las agresiones contra periodistas tienen características distintas a otros delitos.
Sostuvo que las autoridades deben investigar de manera integral las agresiones previas y no esperar a que ocurra una tragedia para comenzar a reconstruir el contexto de violencia contra una persona periodista.
En ese sentido, señaló que amenazas, robos, intimidaciones y otros incidentes relacionados con el ejercicio periodístico deben ser considerados como posibles antecedentes y no investigarse de manera aislada.
Sobre la posibilidad de que un padrón estatal establezca quién es y quién no es periodista, consideró que podría convertirse en una herramienta problemática para la libertad de expresión.
Por ello, planteó que cualquier mecanismo de este tipo debería ser voluntario y construirse mediante mesas de diálogo con periodistas, organizaciones civiles y redes periodísticas regionales, con el objetivo de que realmente funcione como una herramienta de protección y no como un mecanismo de control.
También destacó que el desarrollo de nuevas tecnologías ha ampliado las formas en que se ejerce la libertad de expresión, por lo que establecer una definición rígida de quién puede ser considerado periodista podría resultar complejo.
A esto se suma el manejo de información personal, pues un registro de periodistas implicaría recopilar datos que deben ser protegidos con especial cuidado. Por ello, consideró necesario que las autoridades expliquen cómo garantizarían su resguardo y evitarían que esa información pudiera utilizarse en contra de quienes ejercen el periodismo.
Otro de los riesgos, agregó, sería generar periodistas de “primera” y “segunda” categoría, dejando fuera a comunicadores comunitarios o independientes.
El integrante de Propuesta Cívica sostuvo que cualquier esquema de registro debería tener como finalidad brindar seguridad y respaldo a los periodistas, independientemente del medio para el que trabajen o del alcance que tengan.
Por ello, insistió en que la discusión no debe centrarse únicamente en determinar quién es periodista, sino en preguntar al propio gremio qué herramientas necesita para ejercer su profesión con mayor seguridad.
La propuesta, consideró, requiere un proceso incluyente, con participación de periodistas y organizaciones especializadas, para evitar que una medida diseñada para proteger termine convirtiéndose en un mecanismo que limite la libertad de expresión.
