El abogado Alejandro Rojas Pruneda pidió a la Fiscal General de la República (FGR) para que instruya el “cese inmediato” de cualquier acto de intimidación, discriminación o presión indebida en perjuicio de su representada Gilda Susana Lozoya Austin, de sus defensores y de cualquier autoridad judicial que intervenga en el presente asunto.
Mañana la Juez la jueza Nora Ileana Garcia Peralta decidirá si la vincula a proceso por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En una carta, el representante legal de la hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que el sábado tuvo que interrumpir los trabajos de preparación de la defensa, ya que fueron citados con apenas dos horas de anticipación, para que, a solicitud del Ministerio Público, se trasladan a las oficinas de la Guardia Nacional que se encuentran en el municipio de Ecatepec, estado de México a fin de que le hicieran una evaluación de riesgo que resultaba innecesaria en esta etapa procesal.
“Este acto es una violación a la defensa ya que se cuentan con 144 horas para preparar la misma y presentarla ante el Juez”.Pero no sólo eso, expuso que, personas que dijeron ser de la FGR, se apersonaron a la privada en donde habita Gilda Susana para tratar de ingresar sin orden escrita ni mucho menos orden de cateo.
Indicó que a pesar de que es labor de la Unidad de Medidas Cautelares el supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas, se ha visto a agentes de la Agencia de Investigación criminal merodeando el domicilio de su representada, lo cual constituye un claro acto de intimidación y amedrentamiento.
“Los hechos descritos evidencian un patrón de actuaciones incompatibles con el Estado Constitucional de Derecho y con los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos que debería regir en la actuación de la Fiscalía General de la República conforme al artículo 21 constitucional”.
Rojas Pruneda detalló que en relación con la publicación de la fotografía y video de la imputada difundida por la FGR, estas acciones constituyen graves violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la protección de datos personales y al ejercicio libre de la función de defensa.
“La ejecución de una orden de aprehensión para presentar a mi representada ante un Juez resultaba absolutamente innecesaria. Los agentes del Ministerio Público conocen plenamente que la defensa mantiene comunicación permanente con la Fiscalía y que bastaba con una solicitud para que mi representada compareciera voluntariamente ante cualquier requerimiento de la autoridad. Así ha sido en múltiples casos”.
Como lo expresó la semana pasada durante la audiencia inicial, el abogado reiteró que la publicación de la imagen de Gilda Susana en medios de comunicación, tanto en video como en fotografía, en la cual se advierte “sometida, esposada y custodiada por dos agentes de la fuerza pública es ilegal y viola el artículo 113 fracciones XIV y XV del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también, vulnera su presunción de inocencia, la privacidad de su imagen y datos personales, así como su dignidad humana”.
Dijo que durante la audiencia inicial y ante el anuncio del otorgamiento de una suspensión provisional emitida por un de Amparo, los agentes del Ministerio Público señalaron que tenían que corroborar que no hubiere un delito cometido por el promovente del juicio de amparo y del juez federal que concedió la suspensión provisional, circunstancia que motivó un llamado de atención por parte de la Jueza de Control, quien reprochó expresamente tales manifestaciones durante la audiencia.
Recordó que en el debate de la medida cautelar, donde la Fiscalía solicitó que Gilda Susana estuviera en prisión preventiva, “se realizaron comentarios altamente discriminatorios en agravio de ella, al señalar, entre otros argumentos, que el hecho de ser una mujer divorciada y no tener hijos, ameritaba que tuviera su procedimiento en prisión. Tales manifestaciones constituyen expresiones estereotipadas incompatibles con el principio constitucional de igualdad y con la obligación de juzgar con perspectiva de género”.
Agregó que en dicha audiencia los fiscales expusieron datos personales de diversos domicilios, incluyendo donde habita actualmente mi representada, a pesar de que la Jueza ordenó expresamente que dicha información recibiera tratamiento reservado durante el desarrollo de la diligencia.
Fuente: La Jornada
