Han pasado nueve meses desde el final de la campaña electoral en la que Luiz Inácio Lula da Silva desafió al entonces presidente Jair Messias Bolsonaro en una serie de puntos que ahora, al inicio de su segundo semestre, para muchos son la verdadera prueba de fuego de su gobierno y corren el riesgo de convertirse en bumeranes. Desde la política exterior hasta la interior, pasando por la economía, existen numerosas contradicciones entre sus promesas de campaña y su actual gobierno. Ciertamente, los brasileños no han olvidado los ataques de Lula en los debates televisados sobre la injerencia bolsonarista en el Supremo Tribunal Federal (STF) para nombrar a amigos y compañeros de partido. Pero una vez convertido en presidente fue el propio Lula quien nombró para el STF a Cristiano Zanin, su abogado que le había defendido durante toda la operación anticorrupción Lava Jato que culminó con su detención.
En cuanto a la economía, en la campaña electoral Lula se negó a presentar los detalles de un plan económico. Esto no desanimó a sus votantes, pero provocó incertidumbres e incógnitas en la primera mitad del año que, en parte, tendrán que resolverse en la segunda. La principal se refiere a la reforma fiscal recientemente aprobada en la Cámara, que tendrá que aclarar algunos de sus aspectos considerados críticos por los expertos. Empezando por el valor final del tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que antes se estimaba en torno al 25% y ahora ronda el 28%, una hipótesis que, de confirmarse, convertiría a Brasil en el país con el IVA más alto del mundo.
También se deberá aclarar el punto del texto de la reforma que permite a los Estados gravar los bienes destinados a la exportación. Se trata de una medida que en países como Argentina ha resultado desastrosa desde el punto de vista del comercio exterior. En cambio, la reforma de la declaración de la renta se ha aplazado al segundo semestre del año. En concreto, el ministro de Economía, Fernando Haddad, anunció en los últimos días la principal medida que tiene previsto proponer en agosto, es decir la tributación de los llamados “fondos exclusivos”, también conocidos como fondos de los superricos y de los fondos offshore, con el objetivo de recaudar en dos años 10.000 millones de reales, unos 2.100 millones de dólares. Son muchos los que dudan de la posibilidad real de gravar estos fondos, dado que la mayoría de los superricos que poseen fondos en el extranjero utilizan mecanismos legales como los trusts, a menudo para ocultar su propiedad y así no declararlos en Brasil.
Fuente: Infobae
