Jesús Utrilla / NV Noticias
Familiares buscan indemnización por la muerte de Juan Manuel Camacho Rivera, trabajador del área de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Alvarado, luego de que perdiera la vida al desprenderse la canastilla de la grúa en la que realizaba labores de mantenimiento en luminarias.
El abogado Oscar Tadeo González Carpiolarios, representante legal de Daniela Agamboa Virgen, pareja del fallecido, y de su hija de apenas seis meses de edad, señaló que el accidente ocurrió el pasado 23 de octubre en las colonias Las Barrancas, Antón Lizardo, cuando la estructura de la unidad se desprendió y el trabajador cayó desde aproximadamente nueve metros de altura. Debido a las graves lesiones, murió en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14 del IMSS.
Dijo que el accidente habría sido consecuencia de la falta de mantenimiento de la grúa, cuyos soportes presentaban corrosión, por lo que consideró que existe responsabilidad del Ayuntamiento de Alvarado en su calidad de empleador y como ente público encargado de garantizar condiciones de seguridad para sus trabajadores. Rechazó que se pretenda responsabilizar únicamente al operador de la unidad, pues, afirmó, las condiciones del equipo deben ser revisadas por las autoridades municipales.
Agregó que se analiza la responsabilidad laboral, administrativa y penal que pudiera derivarse del caso, además de que buscarán que el ayuntamiento responda económicamente por el fallecimiento del trabajador y garantice los derechos de sus beneficiarios. Señaló que la muerte dejó en situación de vulnerabilidad a su pareja, su hija de seis meses y su madre, quienes dependían económicamente de él.
“Esto se desprende precisamente de la falta de mantenimiento, que da como resultado una corrosión en los soportes de la canastilla de la grúa. Se desprende cuando Juan Manuel estaba realizando sus labores de trabajo, a una altura de aproximadamente nueve metros”.
González Carpiolarios también reprochó la falta de apoyo institucional hacia la familia, pues aseguró que la única ayuda que recibieron fue de aproximadamente 10 mil pesos para gastos funerarios, sin que hasta el momento se les haya gestionado una pensión ni cubierto una indemnización por riesgo de trabajo. Por ello, demandó que el gobierno municipal asuma su responsabilidad y no deje en el desamparo a las víctimas indirectas.
