Como parte de la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia presentó este jueves una demanda contra la universidad de Penn State para impugnar su política de ofrecer matrículas a precio de residentes del estado a los migrantes que se encuentran en el país sin autorización legal.
Más de una veintena de estados llegaron a ofrecer este beneficio en el costo de la matrícula, el cual contaba a menudo con el apoyo de miembros de ambos partidos. Aunque, a medida que el gobierno de Trump empezó a presentar demandas el año pasado, lugares como Kentucky, Illinois, Nebraska, Oklahoma, Texas, Kansas y Florida eliminaron esta política.
Las impugnaciones más recientes han girado en torno a instituciones específicas, incluida una demanda presentada el mes pasado contra la Universidad de Delaware. Un vocero de Penn State indicó que la universidad estaba al tanto de la demanda y se encuentra en el proceso de revisión.
La demanda contra Penn State, que tiene 86 mil estudiantes, se presenta mientras el país busca señales de cómo podrían cambiar las políticas de educación e inmigración luego del contundente revés para el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del martes.
El gobierno argumenta que la ley federal impide que los estados otorguen beneficios preferenciales a inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización legal, independientemente de si cumplen o no con los requisitos de residencia.
“El Departamento de Justicia continúa este día con sus esfuerzos para garantizar que ninguna ley estatal ni política universitaria otorgue un trato preferencial a extranjeros ilegales por encima de los propios ciudadanos de nuestra nación”, declaró Stanley Woodward, un alto funcionario del Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa.
Sin embargo, los partidarios de la medida sostienen que no es una violación de la ley federal si ofrecen las mismas tarifas a ciudadanos de Estados Unidos en las mismas circunstancias —es decir, que sean residentes del estado y graduados de una de sus escuelas secundarias.
Fuente: La Jornada
