Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- La defensa de Frida Narayana Cortés Millán acusó que la exfuncionaria de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) está siendo utilizada como “chivo expiatorio” por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la institución, mientras permanece en prisión sin que sus abogados tengan acceso completo a los actos de investigación realizados en su contra.
La abogada Gabriela Rasgado Martínez sostuvo que existen inconsistencias desde el inicio del proceso: Frida fue detenida inicialmente por cinco delitos, pero únicamente fue vinculada a proceso por tres. Además, acumula ocho meses privada de la libertad, pese a que permaneció solamente seis meses en el cargo por el cual es investigada.
A estas irregularidades, aseguró, se suma que la FGE no ha cumplido con una orden judicial para entregar a la defensa las copias de la investigación complementaria, aun cuando presentó desde el 4 de septiembre su acusación formal y la audiencia intermedia está programada para el próximo 14 de octubre.
“Es 29 de septiembre y la Fiscalía no nos ha permitido ver una sola hoja extra de esa investigación complementaria que hicieron”, acusó Rasgado Martínez.
Frida Narayana fue detenida en enero junto con Sergio “N” y Víctor de Jesús “N”, exfuncionarios de la UPAV investigados por hechos relacionados con el manejo de recursos de la universidad. Actualmente enfrenta proceso por ejercicio indebido del servicio público, peculado e incumplimiento de un deber legal.
La defensa señaló que desde la obtención de las órdenes de aprehensión no existió una individualización suficiente de las conductas atribuidas a cada persona investigada.
“Esto abona a las manifestaciones que se han hecho desde el principio de que no estaba individualizada la conducta de cada persona ahí perseguida en estas órdenes de aprehensión”, sostuvo la abogada.
Rasgado Martínez explicó que el 8 de septiembre el juez de control Roberto Santos Maldonado Morales estableció como plazo el 21 de septiembre para que la Fiscalía entregara las copias de la investigación; sin embargo, afirmó que la orden no fue cumplida.
La litigante sostuvo que esta situación deja a Frida en desventaja para preparar su defensa y vulnera sus derechos a la presunción de inocencia, acceso a la justicia y defensa adecuada.
También cuestionó la actuación del Poder Judicial. Aseguró que desde el 22 de septiembre solicitó medidas para obligar a la Fiscalía a entregar la documentación sin obtener respuesta y afirmó que han pedido en seis ocasiones audiencias para revisar la prisión preventiva.
“Ella ha pasado más tiempo privada de su libertad que del tiempo que desempeñó el cargo. Ella solamente estuvo seis meses al frente de esta dirección”, puntualizó.
Como parte de sus argumentos, la defensa destacó que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 de la UPAV el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no determinó un monto de daño patrimonial, aunque sí documentó observaciones administrativas y recomendaciones.
Rasgado Martínez afirmó que este resultado debe considerarse al analizar las imputaciones contra su representada.
“Hasta este momento no hay un solo elemento de prueba que pueda determinar la culpabilidad de Frida”, afirmó.
Mientras tanto, entre lágrimas, Roberta Beatriz Millán Audelo, madre de Frida, volvió a solicitar a la gobernadora Rocío Nahle García y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que revisen el expediente. Recordó que desde el 23 de enero entregó escritos a ambas para solicitar su intervención.
“Mi hija es inocente, es totalmente una injusticia lo que están haciendo con ella. Ya son ocho meses que yo no puedo, día con día, saber que no hizo nada y ella está ahí”, expresó.
La madre insistió en que no busca detener las investigaciones, sino que se revise el proceso y las circunstancias por las cuales su hija continúa privada de la libertad.
“Que por favor no se les olvide mi hija, que está injustamente acusada. Por favor, se los pido, se los ruego como madre”, concluyó.
