Alguien como tú.
Gladys Pérez Maldonado.
En una democracia, el poder tiene derecho a comunicar. Puede explicar sus decisiones, defender sus políticas, responder a sus críticos e incluso cuestionar públicamente versiones que considere falsas. Lo que no debería tener es el privilegio de hablar sin posibilidad efectiva de contradicción.
Ese es el fondo del debate que hoy se abre en México alrededor del derecho de réplica en las conferencias presidenciales.
El 13 de agosto se conoció una iniciativa del PAN que busca incluir expresamente a las llamadas Mañaneras entre los espacios sujetos al derecho de réplica cuando desde esa tribuna se difundan datos falsos o inexactos que causen agravio a una persona. La propuesta surge precisamente cuando el Gobierno impulsa también una discusión sobre los derechos de las audiencias y las obligaciones de los medios de comunicación.
La coincidencia resulta políticamente incómoda, pero jurídicamente interesante.
Si exigimos responsabilidad a los medios por aquello que informan, ¿por qué no habría de existir también responsabilidad cuando quien comunica es el propio poder público?
El derecho de réplica no es una concesión, es un derecho humano. En México tiene fundamento constitucional y cuenta con una ley reglamentaria desde 2015. Su finalidad es permitir que una persona aclare datos o informaciones falsas o inexactas que la aludan y que puedan causarle un agravio político, económico, en su honor, vida privada o imagen.
La Suprema Corte ha señalado, además, que este derecho debe comprenderse en estrecha relación con la libertad de expresión y que no constituye, por sí mismo, una sanción contra quien informa.
Ese punto es fundamental. Reconocer un derecho de réplica frente a la comunicación gubernamental no significa censurar al Gobierno. Significa aceptar que ninguna autoridad debería poseer el monopolio de la versión pública de los hechos.
Las conferencias presidenciales mexicanas dejaron hace tiempo de ser simples encuentros informativos con periodistas. Son espacios de enorme influencia política y mediática. Lo expresado desde allí se reproduce inmediatamente en televisión, radio, periódicos y redes sociales; puede marcar la conversación nacional y afectar la reputación de personas, empresas, organizaciones, periodistas o adversarios políticos.
La asimetría es evidente. Una persona señalada desde la máxima tribuna del Poder Ejecutivo difícilmente posee un espacio equivalente para responder. Puede publicar un comunicado, acudir a entrevistas o utilizar redes sociales, pero ninguna de esas vías tiene necesariamente el mismo alcance institucional que la palabra presidencial.
Por ello la discusión no debería reducirse a Morena contra PAN u otro partido político, Gobierno contra oposición o periodistas contra autoridades.
El problema es mucho más importante: ¿qué mecanismos debe tener una democracia para equilibrar el enorme poder comunicativo del Estado?
También existe un riesgo en sentido contrario. En nombre de combatir las noticias falsas o proteger los derechos de las audiencias, el Estado no puede convertirse en árbitro de la verdad periodística. Los lineamientos actualmente sometidos a consulta sobre derechos de las audiencias han provocado precisamente esa preocupación: medios, periodistas y sectores políticos advierten que una regulación mal diseñada podría generar autocensura o interferencia gubernamental, mientras el Gobierno sostiene que busca proteger el derecho ciudadano a recibir información y diferenciar información de opinión.
Ese equilibrio es delicado. Una democracia necesita medios responsables, pero también necesita gobiernos responsables cuando comunican.
La libertad de expresión protege particularmente la crítica al poder. Esa protección perdería buena parte de su sentido si el propio poder pudiera señalar, acusar o descalificar desde una plataforma institucional sin que la persona aludida dispusiera de una vía adecuada para responder.
Pero el derecho de réplica tampoco puede utilizarse como instrumento para intimidar periodistas, obligar a los medios a reproducir propaganda gubernamental o imponer una supuesta verdad oficial.
Debe servir para ampliar la conversación pública, no para reducirla. Por ello quizá la discusión actual representa una oportunidad. México necesita reglas claras que reconozcan que la comunicación gubernamental también genera responsabilidades. Cuando una autoridad proporciona información incorrecta sobre una persona, la corrección no debería depender de la buena voluntad del servidor público. Debería existir un mecanismo accesible, rápido e imparcial.
La democracia no consiste solamente en permitir que todos hablen. También exige evitar que quien tiene el micrófono más poderoso pueda convertir su versión en la única versión.
Hoy discutimos quién debe responder cuando un medio se equivoca. Tal vez sea momento de formular la pregunta en sentido inverso: ¿quién le responde al poder cuando el poder informa?
Porque la libertad de expresión protege al ciudadano frente al Estado; no debería convertirse en un escudo para que el Estado hable de los ciudadanos sin posibilidad real de respuesta e indefensión…
