Para Juan José Dávalos López, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las rifas de dinero que realizan personas originarias de Colombia en colonias de la alcaldía Iztapalapa, así como en calles del Centro Histórico y en el municipio de Chiconcuac, estado de México, requiere la atención de “la mesa de Seguridad Nacional”, porque puede tener “raíces internacionales, y no entenderlo como el delincuente aislado”.
Insistió en que no debe atenderse como “un fenómeno marginal, sino que es realmente un problema en sí mismo que está creciendo; tiene una magnitud grande que requiere atención específica”, porque no sólo son rifas, sino que otros grupos, también colombianos, realizan préstamos conocidos como gota a gota, con intereses impagables, e incurren en fraudes digitales montadeudas.
En entrevista, señaló que la presencia de personas colombianas en la capital dedicadas a actividades ilícitas es posiblemente resultado de “una migración forzada por condiciones políticas”; además, en algunos casos “es gente que ha recibido entrenamiento de distintos tipos, incluso paramilitar”.
El profesor de economía política y también integrante del Colegio de Economistas Metropolitanos alertó a las autoridades porque “está ocurriendo a plena luz del día; entonces, no puede entenderse si no hay un vacío jurídico, si no hay colaboración de alguna parte de cómplices mexicanos, con participación de autoridades de algún nivel”.
Dijo que se requiere la intervención del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Relaciones Exteriores para verificar su estadía legal.
Por su parte, el doctor Arturo Luis Zazueta Cossío, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, comentó que las rifas organizadas por colombianos “huelen a delito”, pero acotó que para iniciar una investigación se requiere de la denuncia de la víctima.
“El problema de la rifa es que no sabemos si se sorteó (el número) y si puede contribuir a que todo esto sea una maquinaria de fraude”; otra vertiente, indicó, es verificar “si obligan a comprar los boletos, sobre todo pensando en que están marcados por zona, y tal vez ahí podríamos hablar de una extorsión”.
Fuente: La Jornada
