Jesús Utrilla / NV Noticias
Abogados de la empresa AgroGema presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios federales, a quienes señalan por presuntas irregularidades y un posible abuso de autoridad relacionado con el aseguramiento de seis helicópteros y una avioneta.
El abogado Jorge Reyes Peralta dijo que la denuncia fue interpuesta contra el fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alejandro Rosaldo García; el agente del Ministerio Público de la Federación, Carlos Manuel Pérez Solís; la agente del Ministerio Público de la Federación en jefe, Andrea Jael González Castillo, y la agente del Ministerio Público de la Federación, Virginia Cecilia Blanco Hernández.
Los abogados Tania Fernández y Sebastián Reyes, junto con Omar Pérez Gómez, apoderado legal de AgroGema, explicaron que la denuncia se deriva del cateo realizado el pasado 6 de enero en las instalaciones de la empresa, donde elementos federales aseguraron las aeronaves y clausuraron las operaciones de la pista.
El representante legal señaló que, de acuerdo con la versión de la FGR, el cateo se originó luego de que agentes de la Policía Federal Ministerial presuntamente detectaran mediante drones la presencia de personas armadas y actividades consideradas sospechosas.
Sin embargo, durante el operativo únicamente fue detenido el velador del lugar, quien posteriormente informó a los agentes que tenía tres armas de fuego guardadas en una cubeta junto con sus pertenencias. Las armas y algunos cartuchos fueron asegurados, mientras que el trabajador fue llevado ante las autoridades y posteriormente resolvió su situación jurídica mediante un procedimiento abreviado, por lo que actualmente se encuentra en libertad.
Los abogados cuestionaron que, si las autoridades consideraban que la pista era clandestina y que las instalaciones podían estar relacionadas con actividades de la delincuencia organizada, el único detenido haya quedado en libertad y que, de acuerdo con su versión, el procedimiento penal en su contra haya quedado concluido.
Reyes Peralta dijo que AgroGema no tiene relación con las armas encontradas y afirmó que la empresa cuenta con documentación que acredita la legal procedencia de sus aeronaves, permisos para operar y autorizaciones para realizar trabajos de fumigación agrícola.
Explicó que la compañía se dedica a la fumigación de campos agrícolas en Veracruz y otras entidades del país, y que sus representantes entregaron a la autoridad documentación relacionada con las aeronaves, permisos de operación, licencias de los pilotos, declaraciones fiscales y contratos o información de sus clientes.
Pese a ello, los abogados señalaron que las seis aeronaves y la avioneta permanecen aseguradas desde hace casi ocho meses, situación que llevó a los representantes de la empresa a promover un juicio de amparo para intentar recuperar los bienes.
Los abogados también acusaron que, inicialmente, la Fiscalía se negó a reconocer a AgroGema una calidad procesal dentro de la carpeta de investigación, argumentando que la empresa no era imputada, víctima ni parte ofendida.
De acuerdo con los litigantes, la autoridad comenzó a referirse a la compañía como “tercero afectado” y permitió la recepción de documentación, aunque, señalaron, los informes enviados al juzgado fueron parciales y no se habría entregado la totalidad de la carpeta de investigación.
El abogado afirmó que la jueza del Sexto Distrito habría advertido que existían elementos para considerar que asistía la razón a la empresa dentro del procedimiento de amparo.
Asimismo, acusó que el fiscal federal en Veracruz acudió personalmente ante la jueza para plantearle que se trataba de un asunto relevante y que tenía la encomienda de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, de sacar adelante el caso.
Los representantes legales consideraron que esta situación generó presión sobre la autoridad judicial y cuestionaron la actuación de los funcionarios federales.
La denuncia presentada ante Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control tomó una nueva dimensión, según los abogados, luego de que la autoridad solicitara informes y documentación relacionada con el caso.
Señalaron que el lunes, alrededor de las 18:30 horas, uno de los apoderados de AgroGema fue citado en calidad de imputado por el presunto delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contemplado en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con los abogados, el delito se relacionaría con el supuesto uso de las instalaciones aeroportuarias para la realización de actividades ilícitas. El apoderado deberá comparecer en libertad el próximo 4 de noviembre, debido a que el delito que se le atribuye no contempla prisión preventiva oficiosa.
Los representantes de AgroGema consideraron que la nueva imputación resulta preocupante, debido a que se produjo después de que la defensa presentó las denuncias contra los funcionarios de la FGR y mientras continúa el litigio para recuperar las aeronaves aseguradas.
Los abogados insistieron en que buscarán que se investigue la actuación de los servidores públicos involucrados y que se determine si incurrieron en alguna conducta constitutiva de delito o responsabilidad administrativa durante la integración de la carpeta y el aseguramiento de los bienes de la empresa.
