El ministro Irving Espinosa Betanzo informó que votó en contra de restituir los seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario durante el análisis del anteproyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 2027.
En un comunicado difundido el lunes, el integrante del máximo tribunal aseguró que su postura responde tanto a una convicción personal como a una razón pública y constitucional relacionada con la forma en la que debe ejercerse el servicio público.
Espinosa Betanzo sostuvo que la administración de los recursos pertenecientes a la ciudadanía debe conducirse bajo los principios de austeridad, responsabilidad y eficiencia. La postura del ministro se conoce en medio de la controversia interna por el incremento presupuestal solicitado para 2027 y por la posible recuperación de esta prestación para parte del personal de la Corte.
“El acceso a servicios privados de salud no debe financiarse mediante prestaciones adicionales con recursos públicos, particularmente cuando las personas servidoras públicas cuentan con los servicios de salud previstos en la ley”, señaló la ponencia del ministro.
De acuerdo con el comunicado, Espinosa Betanzo consideró que rechazar el seguro privado es congruente con su intención de impulsar una justicia “cercana, austera y sin privilegios”, así como con los principios constitucionales que regulan la actuación de las personas servidoras públicas.
El ministro también afirmó que la transformación del sistema de justicia exige revisar la manera en la que se administra el presupuesto institucional. A su juicio, los recursos deben destinarse al cumplimiento de las funciones sustantivas de la SCJN y al fortalecimiento del acceso a la justicia.
SCJN justifica aumento presupuestal para 2027 tras críticas
El pronunciamiento de Espinosa Betanzo ocurrió después de que la Suprema Corte defendiera el anteproyecto de presupuesto aprobado por el Pleno en una sesión privada celebrada el pasado 6 de agosto.
La institución solicitó 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para el ejercicio fiscal de 2027. Según la explicación oficial, la cifra implica un crecimiento real de 12.7%, una vez considerado el efecto de la inflación. La ministra Lenia Batres Guadarrama, en contraste, calculó un aumento de 17.2% respecto del monto autorizado para 2026.
En una tarjeta informativa, el máximo tribunal argumentó que el incremento se requiere para cubrir obligaciones legales en materia de remuneraciones y prestaciones. La Corte indicó que ocho de cada 10 pesos del aumento solicitado se emplearían en el pago de sueldos y prestaciones establecidas en la legislación y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
La SCJN recordó que en 2025 enfrentó una reducción presupuestal de 12%, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que para 2026 el recorte fue de 11.2%, correspondiente a 661 millones.
Como parte de las medidas adoptadas ante esas restricciones, la institución reportó la eliminación de prestaciones para ministros y mandos superiores, entre ellas los gastos de telefonía celular y gasolina. También canceló el ajuste salarial para el personal, redujo 83 plazas administrativas y suprimió recursos destinados a becas.
Fuente: Infobae
