El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) solicitó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que las nuevas medidas de productividad y reorganización, publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación para abatir el rezago del 62 por ciento en los tribunales, respeten plenamente los derechos laborales, las cargas de trabajo y la infraestructura del personal. Además requirió una participación efectiva de la representación sindical en el diseño, aplicación y revisión de las medidas.
A través de un oficio dirigido al OAJ, el gremio señaló que esta representación mayoritaria manifiesta su disposición para respaldar toda medida que mejore auténticamente el servicio de justicia, siempre que su diseño y ejecución sean transparentes, objetivos y respetuosos de los derechos adquiridos.
“Compartimos el propósito de fortalecer una impartición de justicia pronta, independiente, eficaz y cercana a la sociedad; sin embargo, solicitamos que toda política de productividad sea diseñada e implementada con pleno respeto a los derechos laborales, la salud y la estabilidad del personal”.
Por ello, señaló que cualquier evaluación del desempeño debe considerar tanto los elementos cualitativos y cuantitativos de la función judicial como las condiciones reales en que se presta el servicio. “No es legítimo atribuir rezagos únicamente al personal cuando persisten cargas extraordinarias, vacantes, ausencia de sustituciones por licencias, deficiencias de climatización, equipos insuficientes y procesos administrativos que dificultan el trabajo cotidiano”.
El sindicato refirió que existe un límite jurídico, técnico y humano que debe respetarse: la irreductibilidad y progresividad salarial, la permanencia en el empleo, la especialización por materia, la jornada legal, el pago del tiempo extraordinario y la protección integral de la salud física y mental. Estos derechos, reiteró, no son privilegios; constituyen garantías indispensables para una función pública profesional y para centros de trabajo dignos y libres de violencia.
Fuente: La Jornada
