Jesús Utrilla / NV Noticias
La legislación estatal debe fortalecerse para obligar a los propietarios de inmuebles en riesgo a intervenirlos oportunamente y en caso de incumplimiento, contemplar incluso la expropiación cuando esté de por medio la seguridad de la población, afirmó el experto inmobiliario Pedro Fernández Martínez.
Luego de que autoridades municipales informaran que alrededor de 40 edificios del Centro Histórico presentan algún nivel de riesgo estructural, el especialista consideró que la prioridad debe ser proteger la integridad de los transeúntes mediante reformas legales que permitan actuar con mayor contundencia.
Señaló que hace falta actualizar la legislación para que existan mecanismos de coerción hacia los propietarios que mantienen inmuebles en condiciones que representan un peligro.
“Hay que modificar la legislación para hacer coerción y que las personas que tengan inmuebles en un estado tan vulnerable actúen antes de que ocurra un derrumbe o una situación catastrófica. Aquí ya está en riesgo una vida humana y eso no tiene precio”.
Pedro Fernández sostuvo que, además de acordonar las zonas de riesgo, debe exigirse a los dueños realizar las reparaciones con base en estudios de ingeniería estructural y supervisión técnica.
Consideró que, cuando los propietarios se nieguen a atender los inmuebles pese al riesgo que representan, la expropiación puede ser una medida jurídicamente viable, al señalar que el interés público y la protección de la vida deben prevalecer sobre cualquier otra consideración.
“La seguridad de las personas debe anteponerse. Si un inmueble representa un riesgo evidente y no existe voluntad del propietario para intervenirlo, el Estado debe contar con herramientas legales para actuar”.
Aclaró que no todos los edificios del primer cuadro de la ciudad son monumentos históricos protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que consideró incorrecto atribuir únicamente a ese organismo la falta de intervención en los inmuebles deteriorados.
Dijo que el rescate del Centro Histórico requiere una estrategia integral que involucre a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad, mediante un comité ciudadano que impulse el sentido de pertenencia, así como incentivos fiscales, programas de rehabilitación de fachadas y acciones para repoblar la zona.
