La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme este jueves la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que anuló el cobro de un crédito fiscal de 2 mil 868 millones de pesos a Fomento Económico Mexicano (Femsa), al concluir que el asunto ya había sido resuelto en definitiva por un tribunal federal desde junio del 2024, es decir, era cosa juzgada.
Por mayoría de votos, el Pleno aprobó el proyecto de sentencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía sobre la revisión fiscal 5/2025 que declaró improcedente el recurso de revisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por falta de importancia y trascendencia jurídica, ya que la nulidad se sustentó en un vicio formal —que la autoridad fiscal actuó fuera del plazo legal y además era cosa juzgada-, supuestos en los que la ley y la jurisprudencia de la SCJN excluyen la procedencia de este recurso.
El asunto fue atraído por la Corte a fines de 2025, a propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Empero, el ponente dijo que no comparte “la opinión de quienes pudieran sostener que la reforma de 9 de junio de 2026, que habilitó la procedencia de la revisión fiscal contra resoluciones de forma, sea aplicable al presente caso”, pues ello vulneraría el principio de seguridad jurídica.
“Además, enviaríamos un mensaje poco alentador para los contribuyentes y, en general, para las personas afectadas por actos administrativos ilícitos. Y ese mensaje es que, aun y cuando hayan ganado un juicio de nulidad y conseguido una sentencia favorable, las puertas de los tribunales federales estarán abiertas para que las autoridades puedan insistir en la defensa de los actos anulados”, dijo.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que aplicar la reforma de 2026 al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo implicaría afectar derechos adquiridos y dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio de la empresa.
“Estamos obligados, como tribunal constitucional, a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la Federación”, apuntó.
La ministra Loretta Ortiz también se manifestó a favor con base en precedentes en la Corte, señalando que la jurisprudencia exige interpretación estricta y aquí no se cumple el requisito.
Sin embargo, aunque votaron a favor, casi la mitad de los ministros hicieron votos concurrentes, por diferir con argumentos del proyecto: el presidente Hugo Aguilar Ortiz, las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos y el ministro Irving Espinosa Betanzo.
Fuente: La Jornada
