La Comisión Anticorrupción del Congreso Local de Nuevo León abrió la etapa de investigación y diligencias correspondiente al juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, por lo que en este proceso se le solicitará un informe de actividades a 69 dependencias estatales y federales, así como los contratos de 12 empresas presuntamente relacionadas con el mandatario estatal.
Está decisión fue tomada en la sesión de la Comisión Anticorrupción este viernes por la mañana, en donde se aprobó por la mayoría de los integrantes; solo con un voto en contra de Movimiento Ciudadano y una abstención por parte del Partido Verde.
Según el acuerdo leído durante la sesión de la Comisión, las instancias señaladas tendrán seis días hábiles contados a partir del día siguiente, es decir, desde el 27 junio, para que remitan una copia certificada de los contratos con las empresas señaladas por posible triangulación de recursos.
Respecto a la defensa legal del gobernador Samuel García Sepúlveda, la Comisión solicitó a la Dirección del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León se le designe un defensor público al mandatario estatal, acción que deberá ser notificada dentro de tres días más.
Desde el 8 de junio, la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, en compañía de representantes del partido y aspirantes a la gubernatura del estado por ese por ese instituto político, presentó la solicitud de juicio político contra García Sepúlveda por los cargos de triangulación de recursos públicos, peculado y corrupción.
El 10 de junio la solicitud fue turnada con carácter urgente a la Comisión Anticorrupción y el 12 de junio la Comisión aprobó el inicio del juicio político en contra del gobernador.
El 23 de junio, el mandatario estatal presentó por escrito su defensa Ad Cautelam compuesta por casi 250 páginas en donde manifestó su descontento, solicitando excusarse de este procedimiento, además pidió la designación de un defensor público al carecer de un abogado,
Si el procedimiento sigue como se contempla, para agosto podría pasar la solicitud al Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, en donde necesitará al menos 28 votos a favor de los 42 diputados que integran el Legislativo estatal para que la petición se declare como procedencia definitiva.
En caso de que así sea, se notificará al Tribunal Superior de Justicia el cual determinará lo correspondiente.
Fuente: La Jornada
