Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- La decisión de repetir las evaluaciones de competencias lingüísticas para el ingreso a plazas de Educación Indígena en Veracruz generó rechazo entre docentes aplicadores, quienes defendieron la legalidad del proceso realizado el pasado 11 de mayo y advirtieron posibles afectaciones para aspirantes de comunidades rurales.
La protesta se realizó este viernes afuera de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Xalapa, donde autoridades llevaron a cabo una nueva jornada de evaluación para aspirantes a Educación Básica en el subsistema indígena.
Los inconformes señalaron que la reaplicación de las pruebas podría impactar a alrededor de 600 aspirantes, principalmente por las dificultades de comunicación existentes en varias localidades indígenas.
Eder Ramírez, vocero de los evaluadores, cuestionó que la convocatoria para repetir el examen fuera enviada por correo electrónico, al considerar que no todos los participantes tienen acceso constante a internet o energía eléctrica.
“Muchos jóvenes de áreas rurales, sin internet ni luz, quizás ni siquiera han visto el correo y piensan que ya cumplieron con su evaluación”, expresó.
Los docentes sostuvieron que la aplicación original cumplió con los procedimientos establecidos y contó con la presencia de autoridades educativas y representantes de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI).
Según explicaron, los exámenes llegaron en sobres sellados, fueron abiertos frente a supervisores y resguardados durante toda la jornada antes de ser enviados nuevamente a Xalapa.
La controversia surgió tras publicaciones en redes sociales donde se denunciaron presuntas irregularidades en la asignación de plazas y supuestos exámenes aprobados sin haber sido respondidos. No obstante, los evaluadores rechazaron dichas acusaciones y afirmaron que no existe una inconformidad formal presentada ante la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) ni ante la Dirección de Educación Indígena.
Los manifestantes advirtieron que la repetición de las pruebas podría generar recursos legales entre quienes no fueron notificados oportunamente, al tiempo que respaldaron el trabajo de los docentes certificados que participaron como aplicadores.
