Edgard González Suárez
La Elección del Poder Judicial requiere líneas de acción que nos permitan fortalecer la reforma y al poder judicial. La elección se realizará en 2028 y hay tiempo para mejorar los mecanismos de su implementación.
De entrada, no solo son los tiempos, sino los preparativos que permitan consolidar reglamentos, criterios, métodos y resultados. La propuesta de reforma del Poder Judicial enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum permite mejorar el proceso de integración y exige la mayor credibilidad y legitimidad para operar con orden y respeto.
El reto más importante para el Gobierno de la 4T es no solo ganar la narrativa sino legitimar frente a la ciudadanía a ese poder que es clave para el engranaje institucional y para el proyecto político del Gobierno Federal.
El gran debate ahora son las reglas o procedimientos, estos requieren fortalecer el Marco jurídico que haga una evaluación seria y consolidada de los perfiles, origen de los aspirantes, capacidades, experiencia en el ramo, conocimientos procesales, elevados niveles de razonamiento jurídico, apegado a criterios éticos, jurídicos, constitucionales y de derechos humanos.
Y, por otro lado, se debe conservar la histórica y principal diferencia en su integración: el voto popular para la elección de jueces, ministros y magistrados. Con claras reglas de participación de la ciudadanía para evitar confusiones, desmotivación o desidia por parte de quienes quieren participar en la elección de los jueces.
La idea central desarrollada por la presidencia es fortalecer el proceso, la integración y las funciones del Poder Judicial y esto se logra apoyando y evaluando la experiencia anterior, ya hay datos útiles y por esto ya se visualizan aspectos que pueden ser mejorados.
Aparte de la fecha y de los perfiles, otro cambio central en la reforma es la eliminación de los tres comités de evaluación —uno por cada poder de la Unión— para sustituirlos por un Comité Único de Evaluación integrado por nueve personas, con tres designaciones por cada poder. La idea con esto es responsabilizar a un solo órgano de decisión y que sus integrantes se pongan de acuerdo en los criterios de elegibilidad y las reglas del proceso. Como por ejemplo dejar muy clara la prohibición de haber sido militante de un partido político, haber sido dirigente o candidato -la temporalidad podría estar a discusión-, reducir los listados, evitar los acordeones, y una propuesta de reorganización de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en términos de su jerarquía, funciones, y coordinación entre el órgano de administración, el tribunal y los ministros de la corte.
Otro de los aspectos a considerar es la reorganización de los distritos y circuitos judiciales, se propones dos secciones para el poder judicial, a) una que trate asuntos menores con objeto de atender el retraso y el conflicto cotidiano y b) y otra donde intervenga el pleno para asuntos de mayor interés y envergadura, el gasto programado del INE para esa elección, etc.
Para resumir, los ajusten presentados están enfocados en fechas y calendarios, diseño de boletas, eliminación de “acordeones”, instalación de casillas, definición de perfiles y trayectoria profesional, funcionamiento de comités y organización territorial de la elección judicial, y candados para evitar “mano negra” en la elección popular.
