Una vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso de construcción al proyecto Perfect Day que impulsa la naviera Royal Caribbean, integrantes de Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), advirtieron que existen los argumentos para fincar responsabilidades a las autoridades municipales y estatales, así como ordenar que se revoque la modificación que se realizó al Programa de Desarrollo Urbano completo al gusto de un proyecto sin cumplir con un proceso de transparencia y participación ciudadana que la ley exige.
De igual manera, los miembros de DMAS celebraron la resolución de la Semarnat, pero advirtieron que también se espera una resolución bien fundamentada y fuerte, porque existen argumentos para negar ese proyecto más allá de la popularidad.
A través de un comunicado, la agrupación defensora del medio ambiente celebró que tantas personas se hayan interesado y aportado su tiempo en las firmas de la petición de change.org relacionada con la preservación de Mahahual ante un megaproyecto donde no existen las condiciones adecuadas.
Recordaron que si bien desde el año de 2025 observaron con preocupación, junto con los miembros del colectivo Salvemos Mahahual, cómo el gobierno estatal presumía la inversión por venir de este proyecto, como equipo legal, fue hasta que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del estado de Quintana Roo (SEDETUS) emitieron las autorizaciones para modificar todo el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mahahual, al gusto de Royal Caribbean, que iniciaron su labor en la defensa del medio ambiente por la vía del juicio de amparo en enero de 2026.
Las demandas de amparo de tres grupos de ciudadanos no fueron admitidas y las quejas esperan la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo.
La demanda de amparo de DMAS logró la suspensión que puso en pausa los avances de los trámites de este proyecto, sin embargo, las quejas del gobierno contra esta demanda sí fueron prontamente resueltas por ese mismo Primer Tribunal Colegiado desechando su amparo y por ende el único freno judicial que existía a los efectos de ese cambio de uso de suelo.
Fuente: La Jornada
