Jesús Utrilla / NV Noticias
El costo de la inseguridad para el sector empresarial en México podría alcanzar hasta 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), a lo que se suma un estimado adicional de hasta 0.2 por ciento relacionado con pagos irregulares como extorsiones.
El especialista en seguridad empresarial, Jorge Rubén Fajardo, explicó que estos gastos representan una carga significativa para las compañías, particularmente en regiones con alta incidencia delictiva, donde incluso el transporte de mercancías se ve condicionado por cobros ilegales.
Durante el encuentro mensual de socios Coparmex, advirtió que estados como Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas concentran mayores niveles de riesgo, mientras que en el denominado “Triángulo Rojo”, que abarca Veracruz, Estado de México y Tlaxcala, persiste el problema del robo al transporte de carga
“Lo que les puedo decir es que el costo que tiene para las empresas, lo que nos hablan las patronales, lo que nos habla la propia Secretaría de Hacienda, es que podría estar alcanzando el 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto”.
Dijo que la falta de denuncias impide dimensionar con precisión el fenómeno, ya que 7 de cada 10 casos de extorsión no se reportan. En muchos casos, las empresas optan por absorber estos costos como parte de su operación.
Agregó que la seguridad debe asumirse como un elemento estratégico dentro de las empresas, no solo para proteger sus activos, sino también para garantizar condiciones adecuadas para trabajadores y sus familias.
Asimismo, llamó a fortalecer la participación ciudadana como mecanismo de prevención, al señalar que la colaboración social puede contribuir a inhibir conductas delictivas.
“El problema de la extorsión es que 7 de cada 10 extorsiones no se reportan. Hay empresas que ya lo tienen considerado como la parte de un gasto. Y desafortunadamente ahí sí lo hemos vivido, el primero que paga es lo que pone a los demás expuestos”.
Reconoció que, pese a la desconfianza hacia las autoridades, es necesario reconstruir la coordinación entre sociedad y gobierno para enfrentar el problema de la inseguridad, ya que sin esta colaboración resulta difícil avanzar en la reducción de los delitos.
