Gladys Pérez Maldonado.
El abuso sexual infantil no es un hecho aislado ni una tragedia excepcional: es una crisis silenciosa, estructural y persistente que atraviesa hogares, escuelas, comunidades y, sobre todo, instituciones que han fallado en proteger a quienes más lo necesitan. Hablar de este tema incomoda, pero el verdadero problema es precisamente ese: el silencio que lo rodea.
En México, como en muchos países, las cifras apenas alcanzan a reflejar la dimensión real del problema. La mayoría de los casos no se denuncian. ¿Por qué? Porque el agresor suele ser alguien cercano: un familiar, un conocido, una figura de confianza. Porque las víctimas son niñas y niños que muchas veces no comprenden lo que les ocurre o no tienen las herramientas emocionales ni sociales para nombrarlo. Y porque, cuando se atreven a hablar, se enfrentan a un sistema que duda, revictimiza o simplemente ignora.
El abuso sexual infantil no solo destruye la inocencia; deja secuelas profundas y duraderas. Impacta en la salud mental, en la capacidad de establecer relaciones sanas, en el desarrollo emocional y, en muchos casos, en la propia percepción del valor personal. No es un daño momentáneo: es una herida que puede acompañar a la víctima toda la vida.
Frente a esto, la respuesta institucional ha sido insuficiente. La procuración de justicia sigue enfrentando enormes desafíos: investigaciones deficientes, falta de perspectiva de infancia, procesos largos y desgastantes. La impunidad no solo perpetúa el delito, sino que envía un mensaje devastador: que el dolor de las víctimas no es prioridad.
Pero el problema no se agota en lo legal. Existe una profunda deuda social en materia de prevención. Durante años, la educación sexual integral ha sido relegada o incluso combatida bajo argumentos morales o ideológicos. Sin embargo, enseñar a niñas y niños a reconocer su cuerpo, a identificar límites y a pedir ayuda no es una amenaza: es una herramienta de protección. Negarles ese conocimiento los deja en una posición de vulnerabilidad.
También es necesario cuestionar la cultura que minimiza o normaliza ciertas conductas. Comentarios inapropiados, contacto físico no consentido, o la idea de que “los adultos siempre tienen la razón” son parte de un entorno que facilita el abuso. La prevención empieza en casa, pero también en la forma en que la sociedad en su conjunto entiende y respeta la infancia.
Otro punto crítico es la atención a las víctimas. No basta con denunciar; se requiere acompañamiento psicológico, apoyo familiar, y un entorno seguro que permita la recuperación. Muchas veces, las niñas y niños que han sufrido abuso quedan atrapados entre el miedo, la culpa y el abandono institucional. El Estado no puede limitarse a reaccionar: debe garantizar procesos integrales de reparación.
Es momento de asumir que proteger a la infancia no es un discurso, es una obligación. Implica fortalecer las instituciones, capacitar a quienes imparten justicia, implementar políticas públicas efectivas y, sobre todo, romper el pacto de silencio que ha permitido que este delito persista.
Porque cada caso de abuso sexual infantil no es solo una estadística: es una historia truncada, una confianza traicionada, una vida marcada. Y mientras la sociedad siga mirando hacia otro lado, el problema no solo continuará, sino que se profundizará.
Hablar de ello no es suficiente, pero es el primer paso. El siguiente es actuar con contundencia, sin excusas y sin titubeos. La infancia no puede seguir esperando.
El abuso sexual infantil no persiste por falta de leyes, sino por exceso de indiferencia. Mientras la denuncia siga siendo más difícil que el silencio, y la protección más débil que la impunidad, el mensaje será claro: la infancia no es prioridad. Romper este ciclo exige algo más que discursos: implica incomodar, señalar, intervenir y asumir responsabilidades desde todos los frentes. Porque cada niña y cada niño que no es protegido representa un fracaso colectivo que no admite matices ni excusas. Y en una sociedad que se dice justa, permitirlo no es omisión: es complicidad…
