Jesús Utrilla / NV Noticias
Los ajustes aplicados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) comenzaron a reflejarse en diversos trámites, derechos y servicios que pagan los contribuyentes, generando incrementos en licencias, permisos y otros conceptos administrados por los tres niveles de gobierno, señaló Ramón Ortega Díaz, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Veracruz.
Recordó que el valor de la UMA fue dado a conocer por el INEGI en enero, aunque su aplicación inició formalmente en febrero, con un monto de 117.31 pesos, lo que impacta principalmente en pagos de derechos y multas, sin relación directa con el salario mínimo.
“La UMA se dio a conocer en enero por parte del INEGI, pero entró en vigor en febrero con un valor de 117.31 pesos, que fue el reconocimiento de la inflación de 2025, de 3.69 por ciento. La UMA ya está desvinculada del salario mínimo y se aplica sobre todo en multas, derechos y algunos pagos de impuestos. Lo que ve el contribuyente es un incremento final en lo que está pagando por licencias, permisos, pasaportes y otros trámites de los tres niveles de gobierno”.
Estos ajustes permanecerán vigentes durante todo el año y se mantendrán hasta febrero de 2027, mientras continúa la inflación presionando el bolsillo de las familias, con estimaciones que incluso superan el objetivo inicial previsto para 2026.
“Independientemente de la inflación, que sigue repuntando, no se espera que sea el 3 por ciento que se tenía para 2026, incluso se menciona que podría rondar el 4 por ciento. A esto se suma el efecto de impuestos como el IEPS en productos como refrescos y cigarros, que la población está absorbiendo, además de la cuesta de enero, que todavía seguimos resintiendo”.
Ortega Díaz advirtió que el comportamiento de los energéticos será un factor determinante en los próximos meses, particularmente el gas y la energía eléctrica, cuyos precios dependen de la oferta y la demanda a nivel internacional, por lo que no se descartan variaciones importantes que podrían impactar directamente en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río y mantenerse incluso hasta 2027.
