Jesús Utrilla / NV Noticias
Organizaciones campesinas y autoridades estatales conmemoraron la Ley Agraria en Veracruz. En ese marco Luis Gómez Garay, dirigente nacional de la Unión General de Obreros, Campesinos y Populares, advirtió que actualmente no existe una estrategia integral que atienda las verdaderas necesidades del sector rural.
Dijo que la falta de una política clara por parte del gobierno federal ha provocado un estancamiento grave en el desarrollo productivo del campo mexicano, lo que ya se refleja en una menor producción de alimentos básicos, mayor dependencia de importaciones y el abandono de miles de hectáreas agrícolas en el país.
Advirtió que actualmente no existe una estrategia integral que atienda las verdaderas necesidades del sector rural, sino una dispersión de recursos sin impacto real en la productividad.
“Hoy lo que estamos viendo es una falta total de dirección del gobierno federal con relación al campo. No hay concordancia entre las necesidades del desarrollo productivo y la entrega masiva de recursos; todo es dispersión, y eso está provocando que el desarrollo productivo de nuestras comunidades esté totalmente estancado”.
Explicó que, a diferencia de años anteriores, el presupuesto destinado al campo ya no contempla inversión productiva, financiamiento ni fortalecimiento de cadenas agroalimentarias, lo que ha reducido la competitividad de los productores y generado una caída “brutal” en la capacidad nacional para producir alimentos básicos como el maíz y el arroz.
Como ejemplo, mencionó el caso de Veracruz, donde cultivos que antes eran estratégicos prácticamente han desaparecido.
“En Veracruz, por ejemplo, el arroz prácticamente dejó de producirse. Pasamos de tener alrededor de 45 mil hectáreas a no más de 300. Hoy los molinos tienen que importar el arroz desde países del sureste asiático para poder abastecer al consumidor”.
A este panorama se suma la inseguridad que enfrentan los productores en distintas regiones del país, incluida la entidad veracruzana, donde se han documentado casos de extorsión y falta de protección para quienes trabajan el campo, particularmente en zonas citrícolas del norte y en municipios del sur del estado.
Gómez Garay advirtió que la combinación de bajos apoyos, altos costos de producción que en el caso del maíz rondan los 25 mil pesos por hectárea, la desaparición de esquemas de financiamiento y la inseguridad ha provocado que cada año se abandonen miles de hectáreas de cultivo. Actualmente, estimó, existen más de nueve millones de hectáreas que ya no se trabajan en el país.
Señaló que mientras no se garantice seguridad, financiamiento y una política pública enfocada en la producción, el campo seguirá perdiendo terreno, afectando directamente la soberanía alimentaria y el bolsillo de las familias mexicanas.
