En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada este miércoles, México defendió enérgicamente la vigencia de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 frente a la propuesta de reforma presentada por Perú.
La representante de México ante la OEA, la embajadora Luz Elena Baños, argumentó la improcedencia jurídica de plantear una enmienda en dicho foro, señalando que el Consejo carece de facultades para actuar como órgano revisor de un tratado internacional y que la discusión pierde legitimidad al dar voz a Estados que no son parte del instrumento, mientras se excluye a otros firmantes que no pertenecen a la OEA. Asimismo, denunció que la iniciativa peruana no responde a un interés jurídico regional, sino a un intento de dirimir un caso particular, en referencia al de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, a la que México otorgó asilo y quien está refugiada en la embajada mexicana en Lima a la espera del salvoconducto que debe entregar el gobierno peruano.
La diplomática mexicana subrayó, además, que la verdadera vulneración al marco normativo vigente proviene del gobierno peruano, al que acusó de faltar al derecho internacional por no cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Caracas. Baños enfatizó que Perú sigue sin otorgar el salvoconducto necesario tras la concesión de asilo, y advirtió que el cumplimiento de las normas internacionales no puede ser selectivo ni quedar sujeto a interpretaciones políticas coyunturales.
La sesión, transmitida en línea, fue convocada a petición de Perú, cuyo canciller, Hugo de Zela, presentó en la sede de la OEA en Washington la postura de su gobierno respecto al caso de Chávez. El argumento central de la diplomacia peruana es que existe una distorsión del propósito original de la convención, pues sostiene que la figura del asilo fue creada para proteger a perseguidos políticos y no debe ser empleada para blindar a personas con sentencias o investigaciones por delitos comunes.
En su intervención, la embajadora Baños cuestionó si la sesión respondía a un “genuino esfuerzo jurídico” o a la intención de ventilar un caso específico. Explicó que intentar modificar un tratado sin el consentimiento de todos sus Estados parte atenta contra la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. “Mientras que en este espacio se le da voz a quienes son ajenos al tratado, impide que quienes sí tienen este derecho se pronuncien al respecto”, sentenció.
Cabe señalar que países como Estados Unidos tienen voz y voto en la discusión por ser miembros de la OEA, pese a no ser firmantes de la Convención; mientras que Venezuela, que sí es Estado parte del tratado y debería tener derecho a veto o voto en cualquier modificación, está excluida del debate al no formar parte del organismo hemisférico.
Baños destacó el momento en que surge la propuesta peruana y señaló que la solicitud de revisar las reglas se dio únicamente después de que México otorgó el asilo y solicitó el salvoconducto en “estricto apego al derecho internacional”. Para México, esto evidencia que la normativa se aplicó correctamente y que la iniciativa de reforma es una reacción a un resultado adverso para Perú.
“La vigencia del derecho no puede invocarse cuando las circunstancias son favorables y cuestionarse cuando son adversas”, declaró Baños, advirtiendo que ajustar el derecho internacional cada vez que un Estado discrepa con un caso específico pondría en riesgo la certeza jurídica del sistema interamericano.
México reiteró que el asilo es un compromiso con la dignidad humana y no un “acto inamistoso” entre naciones. La representante mexicana concluyó exigiendo respeto a la inviolabilidad de los locales diplomáticos y reafirmando que el incumplimiento en la entrega del salvoconducto constituye una infracción jurídica que debilita la arquitectura de las relaciones entre los Estados.
Fuente: La Jornada
