La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, afirmó ayer durante la reunión anual de la institución que no cederá ante la presión de Estados Unidos y Rusia.
Nueve miembros del tribunal, incluidos seis jueces y el fiscal de la corte, han sido sancionados por el presidente estadunidense Donald Trump por llevar a cabo investigaciones sobre funcionarios de Estados Unidos e Israel, mientras Moscú emitió sentencias de aprehensión contra el personal del CPI en respuesta a una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.
“Nunca aceptamos ningún tipo de presión”, afirmó la magistrada Akane a las delegaciones de los 125 estados miembros de la corte.
Las sanciones han afectado el trabajo de la CPI en una amplia gama de investigaciones en un momento en que la institución lidia con cada vez más presión sobre sus recursos.
En su discurso del año pasado, Akane advirtió que la corte era amenazada por el gobierno entrante de Trump. Tres semanas después de asumir el cargo por segunda vez, el mandatario estadunidense firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones al fiscal Karim Khan por encabezar por investigaciones sobre Israel, un cercano aliado de Estados Unidos.
La CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva militar de Israel en Gaza, tras los mortales ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.
La reunión de una semana de la CPI comenzó ayer. Los temas en la agenda incluye la aprobación de su presupuesto en un contexto de creciente presión y titulares de prensa desfavorables.
La CPI se fundó en 2002 como la corte permanente de última instancia del mundo para procesar a individuos responsables de las violaciones más atroces: crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y delitos de agresión. Estados Unidos, Israel, Rusia y China no son miembros.
La corte sólo actúa cuando las naciones no pueden o no quieren procesar esos crímenes en su territorio. La CPI no tiene fuerza policial y depende de los estados miembros para ejecutar órdenes de arresto.
Además de las sanciones y órdenes de arresto que enfrenta el personal, Khan renunció temporalmente a la espera del resultado de una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada. Él niega las acusaciones.
La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, Päivi Kaukoranta, reconoció que la investigación sobre lo ocurrido entre Khan y una asistente ha tardado más de lo esperado. “Soy muy consciente de que los estados han estado frustrados con la duración de este proceso”, expresó durante sus comentarios de apertura.
No hay una fecha establecida para que se complete la investigación.
Fuente: La Jornada
