El caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sumó un nuevo capítulo tras revelarse que Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario implicado en el desfalco multimillonario a esa dependencia, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol y tráfico de armas en la que también estaría involucrado Raúl Rocha Cantú,dueño del certamen Miss Universo.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la FGR libró una orden de aprehensión contra Alberts Ponce el pasado 15 de septiembre, como parte de las indagatorias por delincuencia organizada relacionadas con el robo de hidrocarburos.
Alberts Ponce fue beneficiado durante la administración pasada con contratos públicos. En marzo de 2022, MCCI reveló que Segalmex otorgó cuatro contratos por 6 mil 500 millones de pesos a la empresa Acurgen S.A. de C.V., propiedad del empresario, para servicios de fumigación y sanitización de oficinas.
A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado desde 2018 que dicha empresa participó en los desvíos de la Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cada uno de los contratos procedió con normalidad.
Vínculos políticos, familiares y contratos millonarios de propiedades
Según la asociación civil, los contratos fueron firmados en 2020 durante la gestión de Ignacio Ovalle al frente de Segalmex. En ellos, Acurgen reportó como su domicilio fiscal una casa ubicada en la calle de Séneca 350, en Polanco, un inmueble que pertenece a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
De acuerdo con el documento citado por MCCI, Julia Abdalá cuenta con el usufructo vitalicio del inmueble, mientras que la propiedad legal permanece a nombre de su hijo.
Además, cuando Bartlett dirigía la CFE, la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) (de la que Alberts Ponce es representante legal) recibió diversos contratos millonarios, además de convenios en otras dependencias federales que, en conjunto, superan los 2 mil millones de pesos, según la investigación. Entre sus socios figura incluso un cónsul honorario de Nicaragua.
Fuente: Infobae
