Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y víctimas expresaron su preocupación y su “más enérgica condena” ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien avaló desaparecer el fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas del delito.
El martes, el máximo tribunal del país rechazó declarar inconstitucional un artículo de la Ley General de Víctimas, reformado en 2020, como planteaba el proyecto del ministro Giovanni Figueroa, quien argumentó que ya existía una sentencia anterior de la extinta primera sala que reconocía que la reforma había sido regresiva al no garantizar la reparación integral del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
En un pronunciamiento, Fundación para la Justicia, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como las organizaciones que integran el Espacio OSC, entre otras, señalaron que la decisión de la nueva Corte “implica un grave retroceso” para los derechos de las víctimas, ya que abre la puerta a que “las víctimas vean diluidos sus derechos” en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación.
Advirtieron que más grave resulta que la determinación sea adoptada “vulnerando el principio de ‘cosa juzgada’ y la garantía de seguridad jurídica”, al reabrir el debate sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas.
“La necesaria declaratoria general de inconstitucional del artículo 132 fracción I de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad y aseguraba la eficacia del juicio de amparo como
garantía constitucional de los derechos humanos”, recalcó.
Insistieron en que la resolución de la SCJN, tomada el martes pasado, vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, “las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.
Fuente: La Jornada
