Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- Tras el cierre del puente vehicular en Boca del Río provocado por una protesta de choferes de plataformas digitales, el Gobierno de Veracruz formalizó una denuncia por la interrupción de la circulación y las afectaciones generadas a la ciudadanía.
La gobernadora Rocío Nahle García informó que la administración estatal procedió legalmente debido a que la manifestación impidió el libre tránsito en una de las zonas más transitadas del municipio.
“Se levantó una denuncia por obstrucción a las vías públicas, se tiene que levantar porque aquí estamos en un estado de Derecho y se retuvo una unidad”.
El bloqueo, registrado el jueves, ocurrió luego de que un vehículo particular fue asegurado y multado con 100 mil pesos por brindar servicios tipo taxi sin contar con concesión ni permisos para operar dentro de una aplicación.
Nahle advirtió que el gobierno no permitirá que intereses de un grupo afecten la movilidad general.
“No podemos ser rehenes de nadie, aquí se está para darles servicio a todos, para atenderlos. Tomaron el puente pero no pueden pasar por encima del derecho de otros, de ninguna manera”.
La mandataria estatal subrayó que la razón del conflicto es la operación irregular de algunas unidades que ofrecen transporte sin estar inscritas en el padrón correspondiente. Por ello, reiteró que quienes formen parte de este esquema deben adecuarse al marco normativo.
“El exhorto es que todos estén en la legalidad, que paguen impuestos, que paguen una concesión”.
Recordó que mientras los taxistas cumplen con contribuciones y con la obtención de concesiones, existen conductores que no están registrados, no tributan y aún así brindan el servicio, lo que genera condiciones dispares dentro del sector.
“Los taxistas pagan impuestos y hay los de aplicaciones que tienen concesión deben pagar impuestos, pero hay algunos que no tienen concesión y tampoco pagan impuestos y andan dando el servicio”.
La gobernadora señaló también que la falta de permisos implica riesgos para usuarios y operadores.
“Es inseguro, es ilegal, y pedí que en la zona se hiciera un rastro para poner orden”.
Finalmente, aclaró que el gobierno estatal no se opone a la operación de plataformas tecnológicas, sino a la prestación de servicios al margen de la ley.
