A raíz de una causa penal iniciada en Texas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reabrió cinco auditorías e investiga la participación de 16 funcionarios y de tres ex empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) para otorgar contratos mediante sobornos de siete empresas estadunidenses y dos empresarios.
Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, actualmente prófugo y quien fue ex candidato del Partido Acción Nacional, además de haber sido inhabilitado como funcionario de Pemex por estar vinculado al fraude Oceanografía, cometido en 2014, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Raquel Buenrostro, titular Anticorrupción, detalló en la mañanera que la investigación se centra en cuatro contratos, dos de ellos celebrados durante la administración de Enrique Peña Nieto. Uno por 217 millones de pesos (noviembre de 2013 a diciembre de 2020) y otro por 89.1 millones (agosto de 2018 a diciembre de 2020).
Además de que hubo otro por 30.9 millones de pesos (de marzo de 2020 a diciembre de 2021), que concluyó anticipadamente, y uno más por 52.9 millones que no se formalizó en 2020 por irregularidades detectadas. La funcionaria acotó que los involucrados actuaron solos, “fuera de la ley y por ello deben ser sancionados”.
Señaló que las pesquisas en el país se hacen en paralelo a la causa penal que inició el pasado 11 de este mes un tribunal del Distrito de Texas, ante la denuncia de una firma estadunidense contra Rovirosa y Ávila, residentes de ese país, así como firmas estadunidenses que sobornaron a personal de Pemex.
Precisó que desde 2020, Pemex suspendió una licitación por irregularidades y se abrieron cinco auditorías, entre otras acciones. Pero fue hasta el 3 de abril de 2024 cuando tuvo conocimiento de las pesquisas en Estados Unidos.
Ahora Pemex, Buen Gobierno y otras instituciones abrirán indagatorias y, en su caso, fincarán responsabilidades y sanciones.
Detalló que reabrirán las cinco auditorías, ante la presunción de que las primeras fueron alteradas, y retomarán todos los elementos de las investigaciones de Estados Unidos. Subrayó que no habrá impunidad. “Empresas y ex funcionarios que resulten responsables deberán devolver lo robado”.
Buenrostro añadió que se investiga a tres ex funcionarios: Roberto P, de Abasto en Exploración y Producción; Juan V, de Mantenimiento y Construcción, y Erick N, quien estuvo en Exploración y Producción y que presuntamente alteró las auditorías y exoneró a empresas.
Fuente: La Jornada
