El Tribunal Electoral del Estado de Campeche, ordenó a los periodistas campechanos, Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por haberla ofendido con sus críticas en el programa de análisis de La Barra Noticias.
En la plataforma digital de La Barra Noticias, cada uno de los tres comunicadores leyeron el texto en que el Tribunal Electoral Estatal consideró que le habían causado ofensas a la gobernadora morenista, Layda Sansores.
Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera dieron lectura por separado al mismo texto que señala: “En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
En entrevista, Abraham Martínez informó que a pesar de que en su momento apelaron la sentencia del tribunal estatal, ésta fue confirmada por la sala federal de Xalapa, por lo que tuvieron que acatar la sanción, ya que en su caso, enfrenta además otras cinco denuncias de autoridades gubernamentales por daño moral, violencia política en razón de género y difamación.
Esta nueva sanción se inscribe en el contexto de una estrategia del gobierno de Sansores San Román para frenar los señalamientos críticos en su contra, pues dos juezas de control han ordenado al periodista, Jorge González Valdez y al periódico TRIBUNA, que se abstengan de referirse a la mandataria.
Las juezas también ordenaron que el Tribunal Superior de Justicia del Estado designe a un censor que se hará cargo de revisar las publicaciones que pueda hacer TRIBUNA y los comentarios que de manera personal pudiera hacer el periodista, Jorge González Valdez. Sin embargo, a dos semanas de que se ordenó este resolutivo judicial, hasta el momento no se ha designado al censor gubernamental.
Fuente: La Jornada
