Dr. Jeremías Zúñiga Mezano
Presidente de Comunidades Seguras en el Estado de Veracruz
El sistema penitenciario de Veracruz enfrenta una crisis estructural que no puede ni debe ser minimizada. Pero también es cierto que este momento ofrece una oportunidad histórica para transformar de fondo uno de los eslabones más olvidados y frágiles del sistema de justicia: los centros de reinserción social.
El motín registrado el pasado 2 de agosto en el penal de Tuxpan —con ocho personas fallecidas y once heridas— expuso las debilidades acumuladas durante años. La sobrepoblación, la falta de sentencias, el autogobierno carcelario, las amenazas constantes al personal y la infiltración de estructuras criminales son problemas que demandan una respuesta decidida y con visión de Estado.
En este contexto, es justo reconocer la respuesta inmediata y firme del gobierno de Veracruz. El despliegue coordinado de fuerzas estatales y federales para recuperar el control del penal refleja el compromiso de la Gobernadora Rocío Nahle por no ceder ni un centímetro al crimen. Su liderazgo en momentos críticos, sumado a su disposición a escuchar propuestas serias y viables, abre la puerta a una nueva etapa para el sistema penitenciario en el estado.
Desde Comunidades Seguras en Veracruz, proponemos como una acción complementaria, construidas desde la evidencia, el territorio y la corresponsabilidad, acompañar desde la experiencia, con respeto institucional, una transformación que ya ha comenzado y que merece profundizarse.
Cinco líneas de acción prioritarias:
- Centros de justicia comunitaria con atención psicosocial para internos y personal penitenciario, que humanicen y fortalezcan la convivencia institucional.
- Programas de reintegración laboral, educativa y emocional postpenitenciaria, enfocados en reducir la reincidencia y reconstruir el tejido social.
- Implementación de tecnología de vigilancia y clasificación criminológica real, que rompa el autogobierno y permita tomar decisiones basadas en evidencia.
- Modelo de protección integral al personal penitenciario, con seguros, protocolos de actuación, acompañamiento jurídico y capacitación continua.
- Observatorio estatal de violencia penitenciaria, para monitorear, evaluar y transparentar la evolución del sistema con indicadores públicos.
Según el Censo Nacional Penitenciario 2025 del INEGI, más del 50 % de las personas privadas de la libertad en Veracruz no han sido sentenciadas. La CNDH califica los centros penitenciarios con un promedio de 6.31 sobre 10. Estas cifras no deben generar resignación, sino determinación.
La administración estatal ha demostrado que tiene voluntad para asumir el reto. Y nosotros, desde Comunidades Seguras, ratificamos nuestro compromiso para trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado. Sabemos que este proceso no será inmediato, pero sí posible si se consolida como política pública transversal, con visión preventiva, enfoque humano y respaldo institucional.
Se trata, en el fondo, de recuperar el control del Estado donde se había perdido. De dignificar la función de quienes custodian la ley. De prevenir antes que contener. Y de asumir, como sociedad, que las cárceles también son parte del futuro que queremos construir.
Veracruz tiene en la Gobernadora Rocío Nahle una aliada de la legalidad. Hagamos equipo. Sumemos propuestas. Y demostremos que también en los espacios más difíciles, la paz es posible cuando se gobierna con firmeza, justicia y visión social.
