Por Art1llero
Veracruz sufre una severa crisis de seguridad; la violencia desatada en las últimas semanas, marcada por asesinatos, secuestros, motines y ataques a figuras públicas, evidencia un estado al borde de la ingobernabilidad. La incapacidad del gobierno para contener al crimen organizado y garantizar la seguridad de los ciudadanos ha sumido a la entidad en un clima de temor que exige una respuesta inmediata y efectiva.
El secuestro y asesinato de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada y taxista de 62 años, en Álamo Temapache, es un trágico reflejo de esta descomposición. El 18 de julio, un comando armado la interceptó frente al Mercado Municipal, obligándola a subir a una camioneta; días después, su cuerpo fue hallado en un rancho tras la difusión de un video donde, bajo amenaza, advertía a taxistas sobre el pago de cuotas a la Mafia Veracruzana, un brazo del Grupo Sombra.
Este crimen expone la brutalidad del crimen organizado y la normalización de la extorsión en la zona norte del Estado, donde transportistas y comerciantes viven bajo constante amenaza. La respuesta oficial, que atribuyó la muerte a un infarto y desestimó críticas al manejo del caso, revela una desconexión preocupante con la ciudadanía.
Este fin semana (el 2 de agosto), un motín en el Centro de Readaptación Social de Tuxpan dejó siete reos muertos y once heridos; los internos, hartos de extorsiones atribuidas al Grupo Sombra, se enfrentaron violentamente, incendiando instalaciones y denunciando la complicidad dentro del penal.
Un reo afirmó que “de aquí salió la orden de matar a la maestra”, vinculando el caos carcelario con la violencia en las calles.
Este incidente pone en evidencia cómo el crimen organizado opera con impunidad incluso en los centros penitenciarios.
En la zona norte, municipios como Tuxpan, Poza Rica y Álamo son epicentros de una lucha territorial entre cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el Grupo Sombra, que alimentan un clima de terror que ahuyenta inversiones y destruye el tejido social.
A pesar de operativos que han resultado en la detención de 1,254 personas y el decomiso de ocho toneladas de droga en 2025, la inseguridad persiste. El despliegue de 3,500 elementos de la Guardia Nacional y 300 agentes de la Fiscalía durante las elecciones no evitó la intimidación de candidatos ni la muerte de aspirantes, lo que pone en duda la efectividad de las medidas actuales.
Es innegable que el actual gobierno de Veracruz tiene la intención de restaurar el orden y revertir el deterioro que aqueja al estado. La voluntad de enderezar el rumbo es un primer paso, pero no basta.
Seis años de abandono, marcados por la incapacidad, irresponsabilidad y la ausencia de liderazgo durante la administración de Cuitláhuac García, dejaron a Veracruz en un estado crítico.
Su gestión, junto con el papel de su secretario de gobierno, permitió que la impunidad y el crimen organizado se enquistaran en la entidad, dejando a los ciudadanos a merced de grupos delictivos. El solapamiento de la federación, lejos de ser un apoyo, agravó la crisis, hundiendo al estado en un caos que no se resuelve en seis meses.
La herencia de un gobierno fallido es evidente, una zona norte controlada por cárteles como el Grupo Sombra y el Jalisco Nueva Generación, una ciudadanía atemorizada por extorsiones y secuestros, y un sistema penitenciario donde la violencia y la corrupción campan a sus anchas.
El actual gobierno muestra un deseo claro de corregir el rumbo y llevar a Veracruz a un mejor horizonte. Sin embargo, las buenas intenciones no son suficientes.
La soberbia y la arrogancia, lejos de ser aliadas, son obstáculos cuando se trata de reconstruir la confianza ciudadana y desmantelar las redes de complicidad que han permitido el florecimiento del crimen.
Veracruz necesita un liderazgo humilde, estratégico y coordinado, capaz de escuchar a la sociedad y trabajar con determinación para devolver la seguridad y la esperanza.
La crisis actual es una oportunidad para demostrar que el cambio es posible, pero solo se logrará con acciones concretas y resultados tangibles.
El camino es largo, pero la urgencia de actuar es inmediata; el futuro de Veracruz depende de que el gobierno transforme sus intenciones en hechos, dejando atrás la retórica y enfrentando con coraje los retos que el pasado ha dejado como pesada herencia.
