Edgard González Suárez
El CONEVAL fue creado en 2005, era un órgano público pensado para garantizar el derecho al desarrollo social, evaluar las políticas públicas y medir mediante metodologías especializadas los índices de desigualdad y pobreza. Surgió en pleno auge del neoliberalismo que creo organismos “autónomos” para que evaluaran el desempeño del Estado en ciertas áreas energía, telecomunicaciones, desarrollo social, etc.
Pero esto lo deberá seguir haciendo el INEGI, por lo menos esa es la idea del gobierno, y el INEGI es una de las instituciones más confiables y profesionales en su desempeño técnico, y además es uno de los organismos autónomos que se mantuvo como tal en la ola de eliminación de los organismos autónomos acusados de despilfarradores, y corruptos.
Para la oposición la desaparición del CONEVAL rechaza los argumentos de “simplificación administrativa”, “austeridad republicana” y “evitar duplicidad de funciones”, en el fondo están convencidos de eliminar un contrapeso técnico al régimen en materia de política social.
Sin embargo, a mí me parece que la estridencia de la oposición es también una estridencia política para desacreditar cualquier iniciativa del gobierno, para ellos cualquier iniciativa siempre es turbia, oscura, atenta contra la población y en consecuencia siempre las acciones del gobierno son nocivas para la vida pública. No hay nada que asegure que el INEGI solo “hará estadísticas”, no hay nada que ahorita nos confirme que el INEGI no hará diagnósticos, ni evaluaciones ni recomendaciones. El INEGI tendrá los recursos y las capacidades necesarias, las funciones de evaluación social para monitorear de la política social.
Y curiosamente, los defensores del CONEVAL señalan al gobierno de hacer propaganda y el gobierno acusa a los partidos opositores y “sociedad civil” de montar su propia propaganda en contra de toda acción del gobierno federal.
la Cámara de Senadores aprobó por 73 votos de Morena, PVEM y PT, y 34 del PAN, PRI y MC en contra, el decreto por el que se modificó la Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el propósito expreso de simplificar varias acciones y tareas que realizaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyas funciones asumirá el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los datos sobre el desarrollo social y la medición de la pobreza han quedado a cargo del INEGI.
La reforma pretende mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación de la Política de Desarrollo Social (PDS). Los cambios a la Ley General de Desarrollo Social implican que estas mediciones seguirán realizándose, pero ampliando las competencias y funciones del INEGI, con el objetivo de que los parámetros y mediciones de referencia sirvan a afinar los objetivos y reducir las desigualdades sociales y promover el desarrollo sostenible
Es decir, los parámetros de referencia seguirán siendo evaluados constantemente, pero ahora en vez de que sea el CONEVAL, dicha evaluación será tarea especifica del INEGI.
La derecha, como ha sido postura desde siempre, ha defendido a sus llamados organismos autónomos, especialmente aquellos con los cuales los amigos del PRIAN hacían negocios particulares. Para ellos la extinción del CONEVAL es un acto que atenta contra la transparencia, atenta contra la participación ciudadana, atenta contra los equilibrios políticos dentro del estado y finalmente es calificado como un atentado contra la rendición de cuentas.
Ahora tenemos dos visiones enfrentadas, sin embargo, una mayoritaria que avala la desaparición del CONEVAL y otra minoritaria que denuncia dicho acto, y acusa al gobierno de querer ocultar la “desgracia” que viven millones de mexicanos en nuestro país.
Por ahora, hay que decirle adiós al CONEVAL y vamos a esperar cual es el desempeño del INEGI en esta necesaria y estratégica tarea de evaluar la desigualdad social.
