Por: Art1llero
La posibilidad de que Hugo Aguilar Ortiz, un abogado mixteco con una trayectoria de más de tres décadas en la defensa de los derechos indígenas, presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un torbellino de opiniones en el panorama político y jurídico de nuestro país.
Con más de 3.8 millones de votos en las elecciones judiciales, Aguilar lidera el conteo preliminar, posicionándose como el favorito para asumir la presidencia del máximo tribunal del país. Su ascenso no solo representa un hito en la democratización del Poder Judicial, sino que también plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la justicia en México: ¿es este el cambio que el país necesita, o un salto hacia lo desconocido?
Hugo Aguilar Ortiz no es el típico candidato a la presidencia de la SCJN. Nacido en 1973 en Villa Guadalupe Victoria, Oaxaca, su origen mixteco y su formación como abogado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lo distinguen en un ámbito históricamente dominado por las élites.
Su trayectoria incluye roles clave, como coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y asesor del EZLN durante los diálogos de San Andrés en 1996. A través de su trabajo en Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SERMIXE) y su colaboración con organismos internacionales, Aguilar ha defendido incansablemente los derechos de las comunidades indígenas, un sector históricamente marginado en el sistema judicial mexicano.
Su propuesta para la SCJN es tan audaz como su trayectoria, una justicia “en territorio”, cercana a la gente, que priorice el diálogo directo con las comunidades, elimine formalismos y adopte un enfoque multicultural.
Aguilar aboga por el uso de herramientas como el “Amicus Curiae”para incorporar perspectivas diversas y promete resoluciones basadas en la realidad social, con un énfasis particular en los pueblos indígenas y afromexicanos. En un país donde el 21.5% de la población se identifica como indígena, según el INEGI, esta visión podría transformar la manera en que la justicia llega a los más vulnerables.
La propuesta de Aguilar de llevar la justicia al “territorio” responde a una crítica recurrente, la desconexión entre la SCJN y las realidades de las comunidades marginadas. En un país donde el acceso a la justicia sigue siendo un privilegio, su énfasis en resolver casos con perspectiva multicultural y en diálogo directo con los afectados podría sentar un precedente para una Corte más empática y representativa.
Sin embargo, no todo es optimismo. La candidatura de Aguilar no está exenta de cuestionamientos. Uno de los principales puntos de controversia es su falta de experiencia previa como juez o magistrado, un requisito tradicional para los ministros de la SCJN. Aunque la reforma judicial eliminó algunas barreras formales, críticos argumentan que su trayectoria, centrada en la defensa de derechos indígenas, podría no prepararlo suficientemente para liderar un tribunal que aborda una amplia gama de temas, desde conflictos fiscales hasta casos penales de alto perfil. ¿Podrá Aguilar manejar la complejidad técnica y política de la presidencia de la Corte?
Otro punto de preocupación es su cercanía histórica con movimientos como el EZLN. Aunque su rol como asesor en los diálogos de San Andrés fue técnico, algunos sectores lo ven como una señal de afinidad ideológica con posturas de izquierda radical, lo que podría polarizar su gestión.
En un contexto donde la SCJN debe mantener su independencia frente al Ejecutivo y el Legislativo, Aguilar enfrentará el desafío de demostrar que su visión no está sesgada por agendas políticas.
Finalmente, la propia elección popular de los ministros ha generado debate. Si bien democratiza el acceso al Poder Judicial, también expone a los candidatos a presiones populistas. Aguilar, con su discurso centrado en las comunidades indígenas, podría ser acusado de priorizar ciertos sectores en detrimento de una visión más universal de la justicia. La pregunta es si logrará equilibrar su compromiso con los pueblos originarios con las demandas de un país diverso y polarizado.
La posible presidencia de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN es, sin duda, un experimento audaz. Su perfil representa una ruptura con el statu quo, y su propuesta de una justicia multicultural y accesible podría marcar un antes y un después en la historia judicial de México. Sin embargo, su falta de experiencia en cargos judiciales y los desafíos de liderar una institución bajo escrutinio político exigen que demuestre, con hechos, su capacidad para unir al país en torno a una justicia imparcial y efectiva.
En un México que clama por cambios profundos, Aguilar tiene la oportunidad de redefinir el papel de la Suprema Corte como un pilar de inclusión y equidad. Pero el camino no será fácil, en caso de confirmarse su triunfo, deberá sortear críticas y resistencias. Si logra traducir su visión en resultados concretos, podría no solo transformar la justicia, sino también inspirar a una nueva generación a creer en un sistema judicial verdaderamente al servicio del pueblo.
El conteo de votos aún no concluye, pero una cosa es clara, Hugo Aguilar Ortiz ya ha puesto sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿está México listo para una Corte que mire desde abajo hacia arriba? El tiempo, y sus decisiones, darán la respuesta.
