Cada año, el gobierno federal está obligado a contratar deuda para cubrir intereses y capital de los pasivos del rescate bancario emprendido en el gobierno de Ernesto Zedillo a partir de 1995, de acuerdo con información oficial.
Sólo en 2025, el gobierno federal emitirá 254 mil 400 millones de pesos en deuda para refinanciar los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el sucesor del Fobaproa, como parte del esquema que prevalece desde hace más de un cuarto de siglo: endeudar las finanzas públicas para contener las deudas privadas que resultaron de las quiebras de los bancos en la década de los 90.
En particular, en el primer trimestre del año, como parte de esas amortizaciones, el IPAB pagó 107 mil 4 millones de pesos, de los cuales, 80 mil 407 millones fueron a capital y 26 mil 597 millones a intereses, el llamado costo financiero de la deuda, reportó Hacienda en sus últimos informes trimestrales, actualizados esta semana.
Si bien desde agosto de 2022 los usuarios de Cetes Directo –que en su mayoría son pequeños ahorradores– pueden adquirir bonos IPAB, antes de esa fecha sólo los bancos y otros inversionistas institucionales –como las Administradoras de Fondos para el Retiro– eran los principales beneficiarios de los réditos del endeudamiento adicional derivado del rescate bancario.
Bajo este esquema, los mismos bancos que fueron rescatados –aunque ahora sus dueños son otros, la mayoría extranjeros– reciben los intereses generados con los bonos emitidos por el gobierno para el salvamento de hace 30 años.
De acuerdo con informes publicados en diciembre, en 2025 se debía pagar la mayor parte de los pasivos del IPAB –239 mil 163 millones de pesos–, como parte de un horizonte de deuda que vencería en 2031. Sin embargo, justo la estrategia para manejar el hoyo que representa el rescate bancario es seguir emitiendo deuda, a fin de patear hacia adelante la carga fiscal que representa.
De ahí que si bien desde diciembre de 1995 hasta la fecha se han pagado más de 2 billones en intereses –actualizados a precios de marzo de este año–, aún se adeuda más de un billón por el rescate.
Sólo en el primer trimestre de este año, el instituto emitió 55 mil 900 millones de pesos en deuda, de éstos, 36 mil millones en bonos a siete años. Para el segundo trimestre proyecta lanzar otros 55 mil 900 millones, de los cuáles 25 mil 200 millones son con vencimiento proyectado a 2032.
“La estrategia para la administración de la deuda del IPAB está estructurada sobre un mecanismo de refinanciamiento de pasivos”, explica el organismo en su Plan Anual de Financiamiento. Es decir, la dinámica se centra en emitir deuda nueva para pagar la de los 90, mientras sólo se atiende el componente real de su costo financiero.
Por lo pronto, para su operación el IPAB obtiene recursos del presupuesto público, de las cuotas que le entregan los bancos para los seguros de depósitos y de intereses por inversiones. Este 2025 sus ingresos ascienden a 83 mil 400 millones de pesos; la menor proporción, 6 mil 600 millones, viene de intereses por la recuperación de inversiones; apenas 24 mil 400 millones de una tercera parte de las cuotas que deben entregar los bancos y casi el doble –52 mil 500 millones– de recursos presupuestales vía el Ramo 34.
No obstante, los pasivos que vencen este año suman 239 mil 163 millones de pesos, de ahí que desde 2000 la ley faculta al instituto para emitir pasivos con “el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a las de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones económicas.
Considerando la colocación bruta de 254 mil 400 millones a valor nominal, “para 2025 se tendría una emisión neta de 15 mil 236.6 millones”, detalló el IPAB.
Esto explica por qué el rescate del Fobaproa dejó de ser deuda de créditos bancarios y se convirtió en pasivo en los mercados financieros. El IPAB reporta que en diciembre de 1999, “100 por ciento” de sus obligaciones se concentraban en créditos bilaterales con instituciones de crédito, mientras a octubre de 2024 la totalidad de sus pasivos corresponde a bonos emitidos por el propio organismo descentralizado”.
Fuente: La Jornada
