Sin ruido ni grandes proclamaciones, el presidente Donald Trump lanzó el mayor ataque contra el sindicalismo en la historia moderna desde que Ronald Reagan cesó a miles de controladores aéreos en los años ochenta.
Trump firmó una orden ejecutiva casi en silencio y sin declaraciones públicas la noche del jueves en donde efectivamente busca anular los gremios del sector público y los contratos colectivos en una vasta parte del gobierno federal. La orden instruye a una amplia gama de secretarías y agencias del gobierno de poner fin a los contratos colectivos bajo una vaga justificación de proteger la “seguridad nacional”.
La orden cita cláusulas de una ley de 1978 que permite excluir agencias de regulaciones y leyes sobre relaciones laborales federales por razones de “seguridad nacional”. Bajo su orden amplió la definición de seguridad nacional al incluir desde el Departamento de Estado y el de Defensa, partes de los departamentos de Salud, de Seguridad Interna, de Justicia como también de agencias incluyendo la de Comisión Federal de Comunicaciones y la de Protección de Ambiente entre otras.
De inmediato, varias de las dependencias federales presentaron una demanda ante un tribunal contra los sindicatos con el fin de anular sus contratos colectivos. El gobierno de Trump argumenta que los contratos colectivos obstaculizan la capacidad del presidente de “proteger a Estados Unidos de amenazas exteriores y domésticas”.
La Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) -el gremio más grande del sector de la burocracia federal- y la central obrera AFL-CIO rechazaron que la orden tenga que ver con “seguridad nacional”, sino como una respuesta de la Casa Blanca a los esfuerzos de los gremios del sector público para frenar los despidos masivos de trabajadores federales impulsado por Trump e implementado por su socio Elon Musk desde que llegaron a la Casa Blanca. El AFGE calcula que la orden afectaría a cientos de miles de servidores públicos, con otros calculando que puede impactar los derechos laborales de más de un millón. Según estadísticas oficiales, un 29.9 por ciento de la fuerza laboral federal es representada por un sindicato en 2024.
“Con la amenaza de Trump contra los sindicatos y gente trabajadora a través de Estados Unidos queda claro: o te alineas o [habrá consecuencias]”, declaró Everett Kelley, presidente de AFGE. Acusó que la orden es ilegal y que será disputada por el sindicato ante tribunales.
Fuente: La Jornada
