Jesús Utrilla / NV Noticias
El Tribunal de Disciplina Judicial se perfila como una de las transformaciones más relevantes dentro de la reforma judicial en México. Su creación marca un antes y un después en la supervisión y sanción de jueces y magistrados, sustituyendo al Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y combatir la impunidad en el sistema judicial.
Durante su participación en la Escuela de Derecho de Veracruz, la consejera de la Judicatura Federal, Cecilia Maya García, expresó su confianza en que los jueces y magistrados que sean electos estarán a la altura del reto que implica esta nueva estructura judicial.
Uno de los cambios más profundos de la reforma es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y su reemplazo por dos nuevas instancias:
1. Órgano de Administración Judicial: Encargado de la gestión administrativa del Poder Judicial, incluyendo la carrera judicial de funcionarios, con excepción de jueces y magistrados. Este órgano estará conformado por cinco integrantes, designados por los tres poderes del Estado.
2. Tribunal de Disciplina Judicial: Responsable de la vigilancia y sanción de jueces y magistrados, cuyos miembros serán electos por voto popular, lo que representa una transformación radical en la regulación de la función judicial.
La creación del Tribunal de Disciplina Judicial responde a la necesidad de contar con mecanismos más eficaces para sancionar conductas indebidas dentro del Poder Judicial. La falta de transparencia y las dificultades para castigar irregularidades han sido problemas persistentes en el sistema actual.
“El replanteamiento de las atribuciones de vigilancia y sanción tiene como objetivo garantizar la eficacia de los procedimientos disciplinarios y reducir la impunidad, un problema que ha debilitado la confianza en la democracia”, explicó Maya García.
Si bien la reforma busca mejorar la rendición de cuentas y eliminar la opacidad en la impartición de justicia, su implementación genera debate. Mientras que sus promotores aseguran que el voto popular dará mayor legitimidad a la selección de magistrados, otros advierten que esta medida podría politizar la justicia e influir en la independencia judicial.
