México expuso ayer ante la Suprema Corte de Estados Unidos sus argumentos en contra de empresas fabricantes de armas por sus prácticas comerciales negligentes.
En una audiencia ante el máximo tribunal estadunidense, el gobierno mexicano sostuvo que las acciones y omisiones de los fabricantes permiten que productos sean traficados a nuestro país, donde causan violencia y sufrimiento a la población.
Antes de la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia matutina que los datos recientemente revelados por el propio gobierno estadunidense sobre el volumen de armas que se trafican a México son una prueba contundente a favor de México ante la Suprema Corte.
Ellos tienen la prueba, la prueba más contundente: el propio Departamento de Justicia lo reconoció, dijo la mandataria al ser consultada sobre el tema, y detalló que en un informe dado a conocer en enero dicha entidad del gobierno estadunidense reconoció que 74 por ciento de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos.
La audiencia de ayer se da en el contexto de una demanda presentada en 2021 por el gobierno mexicano contra ocho fabricantes de armas. El litigio fue desechado en primera instancia, pero un tribunal de apelaciones le dio luz verde en 2024. Ante esta decisión judicial, las empresas demandadas por México pidieron la intervención de la Suprema Corte para detener las reclamaciones mexicanas.
Frente al Supremo de Estados Unidos, México sostuvo que las acciones y omisiones de las empresas demandadas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a suelo mexicano, donde, en poder de criminales, avivan la violencia y causan sufrimiento en la población. Por ello, expuso, los fabricantes demandados no pueden gozar de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, legislación que protege a los fabricantes de armas contra demandas por daños causados por terceros con sus productos.
Nuestro país confía plenamente en la solidez de los planteamientos jurídicos expuestos ante la Corte, subrayó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Agregó que este caso no versa sobre la segunda enmienda constitucional ni sobre el derecho de los estadunidenses a portar armas. La demanda gira en torno al tráfico ilícito de éstas a nuestro país como consecuencia de prácticas irresponsables de quienes las fabrican.
Se espera que el máximo tribunal emita su decisión a finales del segundo trimestre de este año.
Los abogados que representan a México en este litigio son Jonathan Lowy, presidente de la organización de la sociedad civil Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen, quienes estuvieron acompañados por el consultor jurídico de la cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, y por Fadia Ibrahim, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los argumentos orales en la audiencia de ayer fueron presentados por la abogada Cate Stetson, del equipo jurídico de México.
Fuente: La Jornada
